El actual presidente de 'les Corts', cuando era consejero de Bienestar
modificó una concesión para favorecer las empresas de su familia... Chollo que
acaban de mejorarles
F. Medina | 13/08/2013
A finales de este mes de julio se destapó que Vicente Cotino, cabeza
visible de las empresas de la familia de Juan Cotino, verdadero capo del PP
valenciano -lo que le ha permitido ser consejero de la Generalitat y actual presidente
de les Corts- estaba entre los grandes donantes particulares que acudían
regularmente a Génova a hacer entregas de ‘donaciones’. Lo que llevó también a
recordar que, casualmente, este hecho coincidía con que el gobierno valenciano,
como les contamos en ELPLURAL.COM, hubiera dado concesiones por más de 800
millones de euros a las empresas de los Cotino, el grupo Sedesa.
Privatizaciones con
condiciones duras, que luego se ablandan
Una historia ésta de las relaciones entre los Cotino y los gobiernos del
PP, que parece incabable. Y es que en las últimas horas el escándalo ha vuelto
a estallar, porque se ha conocido que uno de esos negocios que mantiene Sedesa
con la Generalitat, el de las residencias para la tercera edad, ha vuelto a
renovarse… y de nuevo con irregularidades, según denuncia la oposición.
Irregularidades que le permiten disfrutar de un contrato por el que factura más
de 40 millones de euros al año.
Juan Cotino recibía la felicitación de Camps tras ser nombrado
presdiente de Les Corts... Entonces ya había favorecido los negocios
familiares. Foto EFE
Les ponemos en antecedentes.
En 2001, siendo conseller de Bienestar el ínclito Rafael Blasco (ahora
apartado del Grupo Popular por estar imputado en un escándalo de corrupción),
la Generalitat sacó a concurso la construcción de 72 residencias y residencias
de día para la tercera edad. Hasta entonces había sido el Gobierno de la
Generalitat el encargado de asegurar la existencia de plazas para sus mayores.
Pero el Gobierno valenciano decidió que aquello era un negocio y que lo mejor
era la privatización de su gestión.
Siguiendo el ejemplo de
la privatización de la sanidad
El concurso se sacó con condiciones muy duras, como si hubiera
intención de que pocas empresas pudieran acceder a él. Había que asegurar en 6
meses que se tenían terrenos. Había que acabar la construcción de las
residencias en 3 años. Las plazas tenían que ofrecerse donde dijera la
Generalitat… Aunque el gobierno valenciano aseguraba cubrir un tercio de las
plazas de cada residencia, sólo se pudieron presentar un pequeño grupo de
empresas. Ni una de las del ramo pudo optar al concurso tal y como había sido
ofertado. Resultado todas las elegidas, sorpresa, fueron compañías de la
construcción. Entre ellas, en lugar destacado, claro, Sedesa, la empresa de los
Cotino, que en este campo participa a través de una empresa llamada Savia S.L.
A quienes hayan seguido lo que ha sucedido con el ramo de la
privatización de los centros sanitarios en la misma Valencia, o ahora en
Madrid, no les sorprenderá saber que en su mayor parte las empresas
constructoras tampoco cumplieron, pero que lejos de retirárseles la concesión,
lo que se hizo fue mejorarles las condiciones. Siendo ya Juan Cotino conseller
de Bienestar Social, la Generalitat ofreció a las empresas que se habían
quedado con la concesión asegurarles los ingresos de un segundo tercio de
plazas.
Incumplimientos sin
penalización
Aclaramos. Las empresas a las que se le habían concedido los contratos
tendrían que haber ‘entregado’ esas residencias en 2004. La mayor parte no lo
hicieron. Las de Savia se comenzaron a concluir a partir de 2005.., algunas
años después. De hecho, de las 72 residencias que se sacaron a concurso, sólo
52 se llevaron a término.
Pero lejos de retirárseles los contratos, lo que se hizo fue
modificarlos para asegurar a las concesionarias ‘la compra’ no de un tercio de
las plazas, como se ofrecía en el concurso de privatización por el que se hizo
la selección inicial, sino que pasó a asegurárseles el ingreso por dos tercios
de las plazas. Y además, como propina, el contrato, que era de 15 años, se
renovó por otros 15 años contando a partir de ese momento.
Quien ordenó y firmó estas modificaciones fue… Juan Cotino. Una de las
grandes favorecidas por ello fue Savia…, la empresa de la familia de Juan
Cotino. “Si tu estás en el Gobierno no puedes modificar una concesión favoreciendo
a tu familia -declara a ELPLURAL.COM el portavoz socialista en les Corts
Antonio Torres-; es evidente que haciendo eso estas incumpliendo la ley de
incompatibilidades, pero aquí se hizo y no pasó nada…”.
Trato de favor también
en el plazo de pagos
Los contratos que permiten asegurarse el cobro de ese segundo tercio se
han venido renovando desde entonces cada medio año. “Pero es que además en unas
condiciones que no han dejado de favorecer a Savia, la empresa de los Cotino”,
sigue contando a este periódico el portavoz socialista. “Como no todas las
residencias se construyeron, lo que se ha hecho ha sido permitir la ampliación
de las plazas aseguradas en otras residencias, con el resultado de que en estos
momentos, de manera irregular, Savia está percibiendo de los fondos de la
Generalitat un extra de 763.000 euros al año”. Es decir, hay residencias que
están cobrando de la Generalitat más allá no sólo del primer tercio que se
ofreció en el contrato inicial, sino incluso más allá del segundo tercio de
plazas que Cotino graciosamente les concedió.
Según Antonio Torres, las irregularidades incluyen también los plazos
de pago, en los que se favorece a estas empresas sobre otras del ramo. “Aquí en
Valencia -nos dice- ya existía un grupo de empresas privadas que se dedicaban a
este ramo, AERTE, que han presentado varias demandas porque le pagan con
retraso por las plazas… A veces hasta casi con un año, mientras que a Savia y
las demás empresas que entraron en el contrato mejorado por Cotino se les paga
como mucho con dos o tres meses de retraso. Hasta en eso hay irregularidades”.
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