5-8-2012
La lectura de este artículo levantará ampollas en más de uno de los lectores, incluso en muchos de aquellos que militan, participan u opinan desde la izquierda. Debe ser pues considerado una reflexión personal que elevo a lectura pública, en mi primera incursión como opinante en Diario Progresista, sobre todo para suscitar debate y poner de manifiesto que siempre hay fórmulas alternativas en estos tiempos de piedra, papel y demasiada tijera.
El impuesto a las rentas no distribuidas, es decir aquel que gravaría al “dinero ocioso”, en palabras Juan Ignacio Crespo en El País, no es un invento bolchevique sino de un estadista llamado Roosevelt.
Aceptando por buenos los datos del artículo que cifra en 7 Billones de dólares la cantidad de dinero “ocioso” en España, podemos realizar algunas proyecciones a vuelapluma de lo que supondría implantar un impuesto a las rentas no distribuidas.
Antes de nada, vaya por delante que estas ideas atacan el derecho a la propiedad privada y su redacción muy probablemente me integre en los archivos de sujetos peligrosos de la CIA.
7 Billones, con B, supone que cada uno de los 47 millones de españoles tiene 148.000 $ “ociosos” en su tesorería. Usted, como yo, al mirar a su alrededor llegará a dos sencillas conclusiones. Primera: dado que conoce a mucha gente que no alcanza esa cantidad ni en sus sueños húmedos, debe haber mucha otra que dispone de una cantidad mucho mayor. Y segunda: esos 7 billones responden por fin a esa pregunta que nos formulamos a menudo ¿Dónde está todo el dinero que algunos han ganado a espuertas durante los años del boom?
¿Es justo e idóneo un impuesto a las rentas no distribuidas? En cuanto a la justicia, por lo pronto deberíamos gravarlos progresivamente del 0.1% al 10% por ejemplo, en función de la renta disponible, y sería sumamente más justo que elevar el IVA del 18 al 21% pues produce mucho más dolor a unos que a otros, además de retraer directamente el consumo en el peor momento posible.
¿Acaso no sería una doble imposición? Sí efectivamente lo sería. ¿Y qué? ¿No es un ataque contra los ahorros de los ciudadanos de bien? Las alternativas llegados a este punto dramático de la historia son la ruptura del euro o el cumplimiento de una hoja de ruta extrema, y ambos caminos conducen a la devaluación radical de nuestros ahorros. Señores, las alternativas son poner una proporción pequeña de su dinero a producir, aunque sea por la fuerza, o que su dinero valga en términos reales la mitad, o peor aún, que se produzca un bloqueo efectivo de esas rentas a través de un corralito español.
Respecto a la idoneidad, se me ocurren dos fórmulas, que a buen seguro resultan improvisadas y los tecnócratas de negro podrían ampliar y perfeccionar muchísimo que para eso les pagamos. Se trataría de generar dos vías para quien quiera estar exento de este nuevo impuesto sobre las rentas no distribuidas (IRND), pero antes déjenme que le ponga números al asunto: gravar con un 1% de media (Del 0,1% al 10% aplicados progresivamente en función de la renta disponible) esos 7 billones “ociosos” supondrían un retorno de 70.000 millones de dólares, esto es, cantidad suficiente para no tener que afrontar los últimos recortes, o por ejemplo también, para pagar la cena de los bancos malos sin tener que acudir a la UE y la consiguiente agenda de castidad.
Pero como no queremos ser un país que machaca al personal, y se trata de estimular la economía, se podrían articular dos caminos alternativos al mencionado impuesto:
a) Bonos patrióticos: Quedarán exentos del IRND aquellos que adquieran bonos del tesoro español con sus rentas no distribuidas. (Pongamos un 2% de media, aunque siempre sería progresivo) Con los que el país podría conseguir la friolera de 140.000 millones de dólares. El estado pagaría hasta un 1% de intereses: Una ganga, porque ahora andamos pagando seis veces más por lo que nos prestan los mercados.
b) Bonos para la competitividad: Quedarán exentos del IRND aquellos que adquieran participaciones en una gran sociedad de inversión dedicada a proyectos de Investigación y Desarrollo (Pongamos un 0,5% de media y aplicado igualmente progresivo) por el cual el Estado podría invertir una media de 3,5 millones de dólares en las 10.000 startups más prometedoras (Tecnológicas, Biotecnológicas, Economía verde, Innovación Social …) y garantizar la cantidad invertida si la cosa sale mal –un riesgo menor pues diversificamos entre 10.000 opciones-, porque si sale bien, sabemos que estos fondos de venture capital llegan a multiplicar por siete la inversión inicial, que repartiríamos con sumo agrado entre los contribuyentes.
Los bonos patrióticos existen y los puso en circulación Catalunya con gran éxito entre los ahorradores, si bien es cierto que con altos intereses y evidentemente de carácter voluntario, -pero bueno no hacemos esto para hacernos ricos sino para salvar el país-. Los bonos para la competitividad son más complejos aunque tenemos experiencias de sociedades públicas de capital riesgo, si bien muchas de éstas han fracasado por actuar a nivel local, no diversificar su inversión y servir normalmente, a los intereses caciquiles de turno.
¿Es viable con su aplicación con las leyes actuales? Probablemente no, pero una hipotética salida del euro resultaría mucho más complejo aún, y los resultados, no se engañen, infinitamente traumáticos.
@RaulOlivan
