Martes, 11 de Septiembre de 2012 07:07
JMT
Lo dijo el domingo el comisario europeo de Economía, Oli Rehn, y lo ha confirmado ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia: España no tendrá que cumplir condiciones adicionales si el Gobierno pide el rescate para acogerse al plan de compra de deuda soberana del Banco Central Europeo (BCE).Y los dos responsables comunitarios dicen la verdad. No habrá nuevas exigencias de reformas, pero sí se pedirá una profundización y agilización de las reformas ya emprendidas, lo que supondrá nuevos recortes en las pensiones, la prestación por desempleo y el gasto de las administraciones; además de una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Así lo confirman fuentes próximas al Ejecutivo de Bruselas, que insisten en que "lo que se pretende es garantizar que España cumplirá el compromiso de déficit del 3% del PIB en 2013" y, para ello, más que propuestas concretas, lo que se va a indicar al Gobierno de Madrid "son las partidas en las que hay que recortar drásticamente el gasto", en línea con las recomendaciones del informe de la Comisión Europa del pasado mes de abril.
En esta línea, una de las exigencias "ineludibles" que impondrá la UE en caso de rescate será la reforma urgente y definitiva del sistema de pensiones, en tres aspectos principales, entre los que destaca el adelanto urgente de la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación a los 67 años de edad, de forma generalizada, eliminando los períodos transitorios que se habían establecido en el proyecto inicialmente aprobado.
También en materia de pensiones, Bruselas pedirá que se amplíe automáticamente el período de cómputo para percibir la pensión e introducir el llamado "factor de sostenibilidad", por el que la edad para el cese de la actividad laboral se revisará en función de la previsión de esperanza de vida. En principio, no se prevé que haya exigencias en materia de la cuantía de la pensión, por lo que Rajoy podría cumplir su promesa de actualización de las pensiones.
El descontrol autonómico
El gasto en desempleo es otra de las partidas que está en el punto de mira de Bruselas, por lo que a la rebaja de las prestaciones aprobada en julio, podría sumarse ahora una reducción del período de percepción, que pasaría de los 24 meses actuales a 15 o 18 meses.
Esta fórmula ya se barajó en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como alternativa a la rebaja aprobada en la cuantía, aunque se descartó finalmente por considerarse una alternativa "más injusta", en palabras de la ministra Fátima Báñez.
También afectarán a este Ministerio, de consumarse el rescate, las propuestas de Bruselas de agilizar las medidas todavía pendientes en la gestión de la reforma laboral, especialmente en materia de flexibilización y de políticas activas de empleo, especialmente para encajar las ofertas de trabajo a la demanda en el mercado laboral.
Especial preocupación reviste para la Unión Europea el descontrol de las cuentas de las Comunidades Autónomas, por su implicación directa en el cumplimiento del objetivo de déficit.
A este respecto, las fuentes consultadas apuntan que entre las "decisiones" que se pedirán a España para acogerse al plan del BCE se incluirá una petición explícita para "imponer medidas disciplinaras a las autonomías en materia fiscal, así como una mayor coordinación del gobierno del Estado con los Ejecutivos autonómicos".
Adicionalmente se exigirán también acelerar las medidas para reducir el peso del sector público en el PIB, acelerando las propuestas de reducción de organismos institucionales, empresas y fundaciones públicas y, consiguientemente, del empleo en las distintas administraciones del Estado.
De hecho, responsables de algunos departamentos ministeriales señalaban ayer que no se descarta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Administración Central este otoño, que no afectaría a los funcionarios pero sí al personal contratado.
Paralelamente, desde Bruselas se insistirá también en acelerar las medidas para garantizar la unidad de mercado en todo el territorio nacional, además de en la liberalización de sectores y colectivos que todavía están sometidos a regulación.
"En el caso de España se ha recomendado con claridad un camino de ajuste fiscal. Y ya existe una agenda de políticas de reformas estructurales que son parte de esta recomendación", anunció el Comisario Oli Rehn, y en el seno de la CE se espera que estas condiciones se definan con mayor claridad durante el encuentro informal que los ministros de Economía de la zona euro mantendrán el próximo viernes en la capital de Chipre, Nicosia.
EXTREMADURA PROGRESISTA
