SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2013
DIARIO PROGRESISTA
Izquierda Socialista, corriente
perteneciente al PSOE, ha manifestado este viernes su apoyo a los ´escraches´
que organizan los activistas antidesahucios porque sirven para
"sensibilizar a la opinión pública" sobre este problema, y considera
que el plan de la Junta de Andalucía de expropiar pisos a los bancos para
evitar desahucios supone una "alternativa real" a las "políticas
de la derecha de ajustes y recortes".
Para Izquierda Socialista, las movilizaciones ciudadanas ante los
domicilios de diputados están resultando "decisivas" a la hora de
"sensibilizar sobre la sangrante problemática de los desahucios y para
urgir a los poderes públicos a tomar medidas efectivas para afrontarla
atendiendo a exigencias de justicia y dignidad".
Por eso considera un "acierto" el decreto aprobado esta
semana por el Gobierno andaluz, el cual, a su juicio, ha esgrimido argumentos
como "la dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y la función
social de la propiedad" a la hora de elaborar el plan con el objetivo de
defender a los ciudadanos "en situación de extrema vulnerabilidad".
Para Izquierda Socialista, una medida como la de expropiación temporal
de uso de viviendas "para evitar injustos procesos de desahucio" es
"exponente de la posibilidad real de alternativas a las políticas que
desde la derecha no van más allá de ajustes, recortes y sometimiento al sistema
financiero".
"TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD"
Con medidas como la de esta semana, el Gobierno andaluz ha confirmado,
en opinión de Izquierda Socialista, su "pacto de izquierda que posibilita
nuevas vías, no sólo de resistencia, sino de
transformación de la realidad en medio de la grave crisis económica
y social en la que nos hallamos".
De este modo, esta corriente del
PSOE considera un "acierto" que el partido haya decidido llevar el
plan andaluz al Congreso de los Diputados a través de una enmienda a la futura
ley antidesahucios, por lo que ha pedido al Grupo Socialista que busque el
"máximo acuerdo con las demás fuerzas políticas de izquierda".
En concreto, la enmienda prevé que la cobertura de las necesidades de
vivienda de los ciudadanos sea declarado "interés social", previendo
así la posibilidad de expropiación forzosa del uso de la vivienda por un plazo
máximo de tres años, cuando la propiedad sea de una entidad financiera, filial
inmobiliaria o entidad de gestión de activos. Transcurrido ese tiempo, la
propiedad recuperará el uso de la vivienda.
