JUEVES, 31 DE OCTUBRE
DE 2013
LAUREANO GÓMEZ
Se equivocan quienes
creen que el gobierno del PP no está haciendo bien sus tareas de gobierno o que
está gestionando la crisis de manera equivocada. Muy al contrario, tiene
elaborada una estrategia claramente articulada que está llevando a cabo de
manera decidida, con una mayoría absoluta determinante y una oposición incapaz
de articular una mensaje coherente.
Asentados en el poder y
arropados por la corte de comunidades autónomas de mayoría popular, llevan a
cabo la Reforma Laboral, cuyo objetivo no es otro que facilitar el despido
individual y colectivo, abaratar los costes laborales, acabar con la
negociación colectiva y laminar el poder sindical.
La reforma educativa y los procesos de
privatización de servicios sanitarios vienen a poner de manifiesto la ideología
neoliberal, basada en el adelgazamiento de lo público a favor de lo privado,
pretendiendo transformar las áreas educativas y sanitarias en áreas de negocio.
Pretenden que ni la cultura, ni la educación, ni siquiera la sanidad sean un
derecho de todos los ciudadanos sino exclusivamente de aquellos que dispongan
de los recursos necesarios para costearlos. El proyecto de ley de reforma de
las administraciones locales, restándole competencias a los ayuntamientos para
la prestación de servicios sociales, no son sino medidas tendentes a esta
idea-fuerza del proyecto neoliberal del Partido Popular.
Se trata de restar
ingresos a quienes lo tienen escasamente y entregárselos de manera descarada a
quienes más tienen, en forma de reducción de impuestos directos, de exenciones
fiscales y de los múltiples recovecos existentes en la legislación para demorar
pagos o ser eximidos de ello, cuando no la ayuda descarada que se da a la banca
en forma de préstamos baratos que sirven exclusivamente para que vuelvan a ser
prestados al Estado a un interés exagerado, de ahí parte del elevado incremento
de la deuda pública, cuyos intereses suponen actualmente del orden de los
35.000 millones €, con unas previsiones de crecimiento de hasta 45.000 millones
€ para el año 2016, cuando antes de la llegada de Rajoy al poder eran de 21.000
millones €. Esta diferencia no sale del bolsillo de los que más ingresos
tienen, sino de los trabajadores y trabajadoras de este país, funcionarios y
pensionistas incluidos.
Los objetivos perseguidos los están
consiguiendo, un mayor enriquecimiento de quienes ya lo son y un empobrecimiento
del resto de la población, trabajadores por cuenta ajena, incluido
funcionarios, que ven reducidos sus salarios y con ello su poder adquisitivo o
que han perdido su puesto de trabajo con escasas posibilidades de encontrar un
nuevo empleo, incluso con un salario más bajo. Las prestaciones dadas hasta
ahora por el Estado en forma de ayudas sociales, de desempleo, de pensiones, de
asistencia médica, farmacéutica y educativa van siendo minoradas incrementando
de esta forma la pobreza de la mayoría social. La alternativa que proponen a
los servicios del Estado, en cuanto a la consagración de estos derechos
universales, es la beneficencia, la ayuda caritativa que ofrecen aquellos que
disponiendo de amplios beneficios, incluidas las empresas, dejan una mínima
parte de ellos para paliar los males ajenos y de camino acallar sus propias
conciencias, si las tienen, o en el mejor de los casos fomentar las ayudas de
los convecinos y familiares.
Solo queda neutralizar
el descontento, y para ello es preciso desactivar la acción sindical,
conseguida ya en parte, y el resto de movimientos sociales, parte de los cuales
ha quedado ya desactivado por el cansancio, de forma que solo resta para
culminar la tarea, redondear la estrategia y conseguir los objetivos perseguidos,
hacer una reforma del Código Penal que criminalice la protesta social y éste es
el proyecto de ley que será aprobado recientemente en el parlamento.
El Golpe de Estado a la democracia quedará así
culminado.
DIARIO PROGRESISTA
