Artículo de Vicenç Navarro que se
publicará mañana en el diario PÚBLICO en la columna “Dominio Público”. 1 de
noviembre de 2012
Este artículo señala el gran deterioro del
bienestar de la ciudadanía española, consecuencia de medidas altamente
impopulares que se están imponiendo por parte de los gobiernos español y
catalán (entre otros), con el apoyo del establishment que domina la gobernanza
de la Unión Europea y de la Eurozona. Tales políticas publicas carecen de un
mandato popular pues no estaban en los programas electorales de los partidos
ahora gobernantes, políticas que se están
imponiendo a la población bajo el argumento de que no hay otras
alternativas, postura negada por la evidencia existente (señalada en el
artículo) de que sí que hay otras políticas alternativas que afectarían a los
intereses representados por tales gobiernos en lugar de aquellas políticas que
están dañando a la mayoría de la población. Esta violación de la democracia es
responsable del deterioro del bienestar de las poblaciones de los distintos
pueblos y naciones de España que requiere una respuesta de protesta a nivel de
toda España y en colaboración con la población de otros países que están
siguiendo políticas semejantes, carentes también de mandato popular.
Las políticas públicas que el gobierno Rajoy
en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando
muy negativamente al bienestar de la mayoría de la población española,
incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando
los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación,
servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España),
servicios domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de
prevención de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de
vida de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la clase
trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que
utilizan predominantemente tales servicios.
Tales gobiernos han reducido
también las transferencias públicas tales como las pensiones, de manera tal que
los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su capacidad
adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son
responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no
sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo de
la inflación. Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en
los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando,
una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido
incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en
parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección
dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las
familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado
recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).
Tales gobiernos han aprobado también
reformas laborales que se presentaban como la solución para el elevado
desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría se deseaba,
reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza
laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra nunca
alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población, creando
un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios
en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de
tales reformas).
Tal reducción de los salarios
junto con los recortes tan notables del gasto público y la destrucción de
empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón en la demanda de
productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del
crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en un informe
del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. Tales políticas
están contribuyendo a la recesión que la economía española, incluyendo la
catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado
alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido
ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la crisis,
sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de
mostrar.
Las políticas que se están
aplicando están afectando negativamente el bienestar de la población y
empeorando la situación económica
En realidad era muy fácil predecir
las consecuencias tan negativas de tales políticas, pues iban en dirección
contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a cabo, es
decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia la creación de
empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la capacidad adquisitiva de la
población, tales como la subida de salarios. Son estas medidas las que podrían
sacar a España de la recesión, la cual está profundizándose, yendo hacia la
depresión. Fue mediante tal tipo de políticas que la administración del
presidente Roosevelt terminó con la Gran Depresión (existente en EEUU al
principios del siglo XX), expandiendo –a través del New Deal- el gasto y empleo
público, y facilitando la sindicalización a fin de facilitar el crecimiento
salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después de la II Guerra Mundial,
cuando las economías europeas estaban en recesión. Ésta dejó de existir a base
de un enorme aumento del gasto público, facilitado por el plan Marshall. Y hoy,
cuando la economía española se está deteriorando, el gobierno Rajoy y el
gobierno Mas están recortando el único sector –el sector público- que podría
estimular la economía, pues el sector privado esta paralizado debido a su
enorme endeudamiento (endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la
disminución de la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la
reducción de los salarios y aumento del desempleo). Tales intervenciones son
profundamente erróneas, y se están desarrollando porque permiten alcanzar los
objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que tales partidos
gobernantes representan) han deseado siempre, a saber, el debilitamiento y
privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios,
debilitando a los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber
transmitido, a través de los medios de información y persuasión públicos y
privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y que son la
gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente
impopulares que están desarrollando.
No es cierto que no haya alternativas
Pero es fácil de demostrar que sí
que hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que tales gobiernos
están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado, se pueden
mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales ingresos al Estado
en cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido a base de
recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones de euros en
sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy y Mas, se podrían haber
conseguido 5.600 millones revertiendo la bajada del impuesto de sociedades (que
tanto el PP como CiU aprobaron) de las empresas que facturan más de 150
millones de euros al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas
españolas). O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones,
se podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el
patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de sucesiones. O
en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios de dependencia,
se podría reducir el subsidio a la Iglesia católica (aprobado por el PP y CiU)
para enseñar clases de religión en las escuelas públicas. Y así, un largo
etcétera.
En realidad, el Estado español,
tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más de 120.000
millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que está altamente
concentrado en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca)
obteniendo 66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme regresividad
en las políticas fiscales. No es por casualidad que los países de la Eurozona
que están atravesando mayores dificultades, con déficits públicos mayores
(Grecia, Portugal, España e Irlanda) hayan tenido todos ellos dictaduras o
sistemas profundamente conservadores que determinaron Estados pobres, con
escasa conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del
Bienestar) y poco redistributivos (ver mi artículo “El mantenimiento o
desmantelamiento del Estado del Bienestar” en www.vnavarro.org). Éstas son las
causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas
conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido
cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después de
reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la Europa Social (su
gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15). De ahí la
urgencia de que haya una respuesta conjunta en todos estos países frente al
ataque frontal al bienestar de su ciudadanía.
Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo
Tales políticas de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas
conservadoras y neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la UE, y que
están construyendo esta Europa y esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas
de los distintos pueblos y naciones que la constituyen. Las políticas públicas
que tanto el gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son
medidas que no tienen ningún mandato popular. Es, por lo tanto, un ataque a la
democracia española que merece una respuesta contundente. Se están
implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, sin
que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado
tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral.
Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó la crisis
con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una cifra enorme,
equivalente casi al 10% del PIB, sin que
ninguna ayuda se haya proveído a las clases populares, que han sido víctimas de
tales comportamientos. Hoy en España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no
está indignado es porque no conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes
se había hecho tanto para tan pocos a costa de la gran mayoría de la población.
Dos últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en
Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista
ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está
conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las
movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es cierto. La
constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que,
mientras el dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor número de
huelgas y manifestaciones populares que haya habido en Europa en la segunda
mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de
la dictadura a la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que
las fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal
democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda
Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en
la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado,
requerirá también una enorme agitación.
La otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y
medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme
impacto a lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la
gente sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de
que una huelga general con la participación de millones de españoles que
coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona,
mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a
cabo por los establishments español y catalán, así como por el establishment
europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse,
pues derrumba todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se
presentan como los portavoces del deseo popular. Y en España, tales
movilizaciones exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo
popular, son continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron
tanto durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el
periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos civiles,
laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales
derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente
limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la reducción de
aquellos derechos es consecuencia directa de la eliminación de la democracia,
mediante la aplicación de medidas carentes de mandato popular.
