LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013
VÍCTOR ARROGANTE
Frente a nosotros una situación
descorazonadora; y ¿qué hemos hecho para merecer esto?: pues que una parte de
la población española, con derecho a voto, votó en contra de los intereses de
la mayoría. Y como el Sistema lo permite, el partido que se llama popular,
representante de la derecha más rancia y extrema, con mayoría absoluta
parlamentaria y minoría absoluta social, está ejecutando su política, como si
rodillo fuera, dejando a los habitantes de este país en la miseria más mísera.
Todos los datos estadísticos indican, que pese a las reformas que
pretendían solucionar los problemas sociales y económicos de los españoles,
están resultando un fracaso; salvo que lo que se pretendiese fuera,
precisamente eso: ajustar la situación, a imagen y semejanza de la ideología
neoliberal que representa el gobierno, eliminando derechos, servicios públicos
y dejando el Estado hecho unos zorros.
Decía yo que «la crisis ha
terminado», dando por bueno lo que se escucha a los voceros del gobierno,
cuando vaticinan que todo va a mejor, salvo algunas cosas, y tienen razón: la
crisis ha terminado. Ha llegado a su fin, aunque no se vean los brotes verdes,
ni la luz al final del túnel, porque todo es «un tronco con ramas secas, por
falta de riego; y un túnel sin fin, frío y oscuro». Aquí estamos. Es su modelo
y lo sufrimos.
La crisis en EEUU de hace seis años, contagió al mundo entero una Gran
Recesión. A quienes peor les ha ido, han sido a aquellos países cuya economía
se basaba en burbujas, que explotaron, cuando les llegó la onda norteamericana.
Desde entonces, con fórmulas económicas neoliberales, se han desmontando los
modelos de «bienestar», pactados y construidos tras la Segunda Guerra Mundial.
Y con el fin de la guerra fría, oscuridad y crujir de dientes para los desposeídos.
La crisis fue provocada, por quienes pretendieron mayores beneficios a corto
plazo —capitalismo financiero especulativo—, que desvincularon el capital de la
economía real, con el compromiso de los gobiernos de no intervención y alejar a
la ciudadanía del funcionamiento de la economía.
«Ya hay una generación de jóvenes, que se ha hecho adulta, con una
falta crónica de perspectivas sociales, una política de desigualdad creciente,
de contorsionismo ideológico y de corrupción política», son palabras de Joaquín
Estefanía. La «carrera cuesta abajo» es evidente en casi todos los ámbitos:
relaciones laborales, protección social, política fiscal, legislación
medioambiental, regulación financiera y un largo etcétera. Todo para el poder,
nada para el pueblo.
En España, el gobierno, en lugar
de trabajar para solucionar los problemas de la mayoría, se dedica a legislar,
por decreto y sin debate, para beneficiar exclusivamente a quienes representan:
el poder económico y sus amistades peligrosas. La corrupción, en sobres, ya
abiertos, campea por despachos e instituciones, dejando las arcas públicas
exhaustas para servir a la ciudadanía. No existe una democracia real. Se parece
más a una «plutocracia», en la que el partido, que se llama popular, es más una
marioneta, que ostentan un poder absoluto, al servicio de sus valedores y el
interés general, relegado a segundo plano, desplazado por el interés del
capital financiero.
El paro, la economía, la
corrupción, el fraude, los políticos en particular, la política y los partidos
en general, son los principales problemas de España; mejor dicho, de los
españoles. Se les llena la boca de patrioterismo y de ¡España!, olvidando la
razón de ser del Estado: el bienestar de las personas que vivimos en este país,
a quienes con sus cosas y su peor hacer, nos amargan la existencia. Los
recortes en sanidad, los desahucios, los bancos, la educación, las pensiones,
las dependencia y otros problemas de índole social, son otras tantas
preocupaciones de la ciudadanía y que con todo, hacen que la vida, de por si
dura, se presente como ingrata y desalentadora.
El modelo —España es un Estado
social y democrático y de Derecho—, está perdiendo la dimensión social de su
declaración, al dar prioridad a lo económico en detrimento de lo social. Un
ejemplo es la reforma de la Constitución, aprobada a finales de 2011, en la que
se introdujo el artículo 135, quedando obligados a dar prioridad al pago de la
deuda, por encima de cualquier otro derecho fundamental; o con el rescate
permanente a los bancos, por encima de gastos sociales, prestaciones y
pensiones.
La democracia ha quedado
viciada, por los propios partidos políticos, que se han alejado de la
ciudadanía, de sus intereses y de la propia democracia. El Sistema debe abrirse
a nuevas vías de participación; debe reformarse la ley de financiación de los
partidos, para evitar, en lo posible, casos como el de los ERE, Gürtel o
Barcenas, de presunta financiación ilegal. Es preciso reformar la ley electoral
con listas desbloqueadas y la eliminación de la barrera electoral del 3%, que
garanticen la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de
oportunidades para todas las opciones políticas y ciudadanas, acercando la
voluntad popular, al reparto de escaños en los parlamentos.
El Estado está viéndose
perjudicado en su propio ser, por las privatizaciones de entidades y servicios
y por la venta sistemática de su patrimonio. Frente a la política que vacía de
contenido el Estado, una Administración eficaz y eficiente, al servicio de la
ciudadanía. Es inaplazable reformar la Constitución, que cierre el modelo
autonómico y avance hacia el estado federal, laico y republicano, basado en la
transparencia y mayor participación social, para la mejor convivencia y el
mejor bienestar.
Las mayorías absolutas caen en
el despotismo. Existe la impresión que desde la política se engaña
sistemáticamente a los ciudadanos y se miente sin consecuencias; la justicia no
se aplica por igual y la ley no es igual para todos; la política del gobierno
está causando víctimas reales: parados, dependientes y enfermos; la innovación,
el desarrollo y el avance tecnológico se desprecia y la cultura se grava con
más impuestos; los niños vuelven a pasar hambre y los jóvenes no tienen futuro;
el fraude fiscal es una constante desventaja; desaparece la enseñanza universal
y gratuita, con imposiciones ideológicas y religiosas; las leyes ya no recogen
el sentir del pueblo; la austeridad solo se reparte entre los que menos
tenemos; y se criminaliza las protestas. ¿Más cosas? Las hay.
Está pasando, lo estamos
sufriendo, y tenemos que combatirlo.
DIARIO PROGRESISTA