8 de diciembre de 2012
El gobierno maniobra
demagógicamente y aprueba un decreto que beneficia a los bancos y no a los
afectados.
La movilización ejemplar de miles de familias
humildes, de activistas y jóvenes de la izquierda ha situado en el centro del
debate político el cruel y brutal expolio que representan los desahucios,
colocando al gobierno del PP contra la espada y la pared.
En el momento en que el stock de
casas vacías alcanza su récord (en diez años han pasado de tres a seis
millones), un amplio sector de la clase obrera y la juventud no disponen de
acceso a una vivienda digna y cientos de miles de familias son arrojadas a la
calle. Como en otros ámbitos, la lógica de la crisis muestra toda la
podredumbre y descomposición del sistema capitalista. La banca desahucia a
familias que no pueden seguir pagando hipotecas abusivas, se queda con las
casas, y consigue gracias a una ley que data de principios del siglo XX que
esas familias desahuciadas sigan pagando por una vivienda de la que ya no
disfrutan. Una estafa legal consentida por las instituciones del Estado
(gobiernos, parlamentos y jueces), que se ha convertido en una pesadilla para
muchos. Desde 2007, casi 400.000 familias se han visto afectadas por
ejecuciones hipotecarias, y 180.000 han sido desalojadas: sólo en el primer
semestre de 2012 se han producido casi 100.000 desahucios, lo que significa una
tasa de 532 ejecuciones diarias.
El gobierno mueve ficha por la
presión de la lucha, pero sigue sin resolver nada.
Frente a esta dramática situación, y
especialmente tras la irrupción del movimiento 15-M y la escalada de luchas
sectoriales y huelgas generales de los dos últimos años, se han extendido las
acciones contra los desahucios por numerosas ciudades y localidades.
Encabezadas por activistas de la izquierda, agrupados sobre todo en la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), las concentraciones y manifestaciones,
las demandas en los tribunales, los encadenamientos y la resistencia contra la
violencia policial, las ruedas de prensa y la coordinación de los afectados se
han multiplicado. Todo ello fruto de una actitud militante desde abajo que ha
recuperado métodos de lucha de clase muy positivos. Como señala la PAH, gracias
a la implicación y la movilización de miles de personas se han paralizado ya
500 desahucios y se ha conseguido el apoyo de una inmensa mayoría de la
sociedad. Incluso jueces y secretarios judiciales han denunciado el
procedimiento abusivo del sistema español de desahucios y de cobro de hipotecas
de la banca.
La primera respuesta del gobierno del PP a este clamor fue mirar hacia
otro lado y sugerir a la gran banca un Código de Buenas Conductas que fracasó
miserablemente. Como se subraya en un comunicado de la PAH: “(…) Cualquier
medida cuyo cumplimiento sea de carácter voluntario por parte de las entidades
financieras se ha demostrado ineficiente y es un engaño para las miles de personas
que se encuentran bajo el riesgo de perder su vivienda. (…) El objetivo de las
entidades financieras es maximizar su beneficio y reapropiarse de los bienes
inmobiliarios para seguir especulando en el mercado financiero con ellos.
Apelar a su buena conciencia social no es un incentivo suficientemente
lucrativo para sus balances económicos”. Han tenido que producirse tres
suicidios y una tremenda movilización social para que el gobierno moviera
ficha, en un intento desesperado por lavar su imagen y desactivar la protesta.
En su maniobra han contado con la vergonzosa colaboración de la dirección del
PSOE que ha aceptado participar en una mascarada de reuniones “negociadoras”,
de las que por razones obvias se ha excluido a la PAH y a los afectados.
Finalmente, y sin la firma del PSOE por el momento, el gobierno aprobó un
Decreto el 15 de noviembre que no resuelve el fondo del problema.
El texto no toca la ley
hipotecaria y lo único que hace es establecer una moratoria del desahucio por
dos años, sólo para familias que reúnan una serie de requisitos (que el
gobierno adjetiva de “más vulnerables” haciendo las trampas semánticas
habituales)*. En realidad, se excluye a decenas de miles que han vivido o viven
con este drama. Por ejemplo, una familia con dos niños y con el único ingreso
del subsidio de 420 euros queda fuera. En la provincia de Barcelona con cientos
de afectados, según los cálculos de la PAH sólo cumplen los requisitos del
Decreto siete personas. Además, quienes consigan acogerse estarán peor, porque
acumularán intereses muy altos en los dos años de moratoria: “las deudas y los
intereses hay que devolverlos” como enfatizó De Guindos. Las medidas tampoco
tienen carácter retroactivo, es decir, las familias que hayan perdido su casa
no la recuperarán. Por último, el Decreto plantea la creación de un “Fondo” de
pisos sociales, que se nutrirán, ni más ni menos, que del stock inmobiliario
que actualmente poseen los bancos. Un asunto tras el que hay mucha miga.
La Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) ha valorado las medidas del gobierno muy
“positivamente”, ofreciendo su “máxima colaboración y experiencia” para la
creación del “Fondo” de pisos sociales. También la Asociación Española de la
Banca (AEB), los mismos ladrones y estafadores que han dejado a un millón de
personas sin sus ahorros engañándolas con las “preferentes”, que han
desahuciado a cientos de miles de familias, se ha pronunciado con el cinismo
propio del que se sabe impune: “Compartimos con el gobierno la necesidad de
proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables (…) y entendemos la
decisión de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que
viven situaciones de particular necesidad”.
Evidentemente, la oligarquía
bancaria ya se frota las manos. Gracias a la ayuda de 60.000 millones de la UE
para crear el “banco malo”, cuyo nombre oficial es Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), la banca podrá
vender al Estado una parte del stock de viviendas, que además han sido objeto
de desahucios en estos años, a precios muy competitivos (la dirección de la
SAREB estima que comprará 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de
suelo de las antiguas cajas nacionalizadas: Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia
y Banco de Valencia). No se puede hacer un negocio más redondo: han sacado
cientos de miles de millones de euros con las hipotecas abusivas; siguen
sacando miles de millones a los propietarios desahuciados, y redondean decenas
de miles más gracias a que con el “banco malo” el gobierno les comprará sus
viviendas invendibles para incluirlas en el llamado “Fondo” de pisos sociales.
La lucha continúa hasta frenar
todos los desahucios y por el derecho a una vivienda digna.
En un comunicado titulado La
banca dicta, el gobierno redacta, hecho público inmediatamente después de
conocerse el Decreto, la PAH afirma: “(…) Tenemos claro que si hoy el Gobierno
tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los
de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15-M y muchas otras. La PAH
continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora…”. El
19 de noviembre, la Plataforma llamó a todos los afectados a presentar ante los
juzgados un escrito de suspensión de los desahucios que fue un gran éxito, y a
esta acción seguirán otras.
Los trabajadores y jóvenes de la
Corriente Marxista El Militante apoyamos y participamos entusiastamente de la
lucha de la PAH y de todas las familias afectadas. Además trabajamos para que
esta lucha sea también una bandera del movimiento obrero organizado, de los
sindicatos de clase. CCOO y UGT deben abandonar su posición de espectadores, e
implicarse activamente en esta causa. Hay que fortalecer el movimiento de protesta
contra los desahucios y unificarlo con las movilizaciones en defensa de la
enseñanza y la sanidad pública, contra los recortes y los ataques a los
derechos democráticos, convergiendo en una nueva huelga general de 48 horas, en
una rebelión social hasta vencer a este gobierno reaccionario.
1. La vivienda es un derecho
social. Ningún desahucio más.
Prohibición por ley de los desahucios a las familias trabajadoras. Suspensión
de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales
que se encuentren actualmente en los juzgados.
2. La dación en pago obligatoria para la banca, y de carácter
retroactivo, puede ser una solución parcial para no acumular más deudas con los
bancos, pero no resuelve el problema de fondo —el derecho a una vivienda digna—.
Hay que defender la condonación de las hipotecas abusivas de las familias
trabajadoras con carácter retroactivo.
3. Por la expropiación de todo el parque de viviendas de la banca y de
las grandes constructoras, sin ninguna indemnización, para crear con ellas un
sistema público de viviendas sociales en alquiler que no supere el 10% de los
ingresos familiares. Sólo en el caso de Bankia y de su matriz BFA las cifras
son demoledoras: acumulan cien millones de metros cuadrados de suelo (equivalente
a todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria); 45.000 viviendas y 15.000
locales.
4. La nacionalización de la banca y las grandes empresas constructoras
e inmobiliarias sin indemnización y bajo control de los trabajadores y sus
organizaciones es también otro aspecto crucial para garantizar el derecho a un
techo digno. Asimismo, es necesario la creación de una gran empresa estatal de
construcción y empresas de construcción públicas por parte de los ayuntamientos
para garantizar una amplia oferta de viviendas sociales en alquiler que asegure
la resolución del problema.
* Las familias que se pueden
acoger son aquellas que no ingresen entre todos los miembros más de 1.597 euros
al mes; cuando la casa a desahuciar sea única vivienda en propiedad y cuando
tuvieran que pagar una cuota hipotecaria de más de un 50% de sus ingresos
netos. Estas familias no serán
desahuciadas durante dos años si cumplen además, obligatoriamente, y ahí está
el quid de la cuestión, alguno de los siguientes requisitos: ser familia
numerosa; familia monoparental con dos hijos a su cargo; familia con un menor
de tres años; familias que tenga a su cargo a personas en situación de
discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente
para una actividad laboral; familias que convivan con familiares (hasta tercer
grado de consanguinidad o afinidad) que sean discapacitados, dependientes o que
sufran una enfermedad grave; familias en las que todos los deudores estén en
paro y hayan agotado la prestación; víctimas de violencia de género.
Escrito por Juan Ignacio Ramos.
