Artículo publicado por Vicenç
Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de
diciembre de 2012
Este artículo señala las razones
por las cuales la deuda pública de los países periféricos de la Eurozona es
artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital
financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería
pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.
La deuda pública acumulada por
los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados
no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en
especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain),
y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está
por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció
las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el
euro.
Frente a esta situación deberían
hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no
paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los
Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo,
pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los
Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca
comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo
inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa
en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo,
la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro
remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos,
pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos
sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la
osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de
ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El
ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho.
Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la
especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos
altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural,
29.11.12)
Por otra parte, es importante que
se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que
pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad
justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público,
incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes
recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad
pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa
muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los
acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían
resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no
tienen donde apoyarse en el futuro.
Existe, sin embargo, una enorme
propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos
hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido
exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los
GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122%
del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el
377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo
etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step
Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula
que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría
conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a
reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen
estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy
semejantes.
Otra área de ingresos son las
rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través
de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos
fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco
Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en
todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que
en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño
de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito
por Eric Toussaint y Damien Millet).
España, uno de los países con
mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que
se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia
entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido
fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El
problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas,
por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse,
beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses
elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.