LEIRE IGLESIAS, PORTAVOZ DE VIVIENDA DEL PSOE
DOMINGO, 20 DE ENERO DE 2013 DIARIO PROGRESISTA
La portavoz
socialista de Vivienda, Leire Iglesias, critica que el Gobierno del PP
"vuelve a exigir requisitos que limitan el reconocimiento de un derecho
constitucional, ya que los umbrales marcados para acceder al fondo social de
vivienda hacen que dichas medidas sean puro maquillaje"
La portavoz
socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha asegurado que “el alquiler social no
es caridad, es la regulación de un derecho de los ciudadanos”. Leire Iglesias,
ha subrayado que el Grupo Socialista “quiere ir más allá de dar soluciones con
una vivienda y propone combatir los abusos del sistema hipotecario cambiando la
ley”. Y así lo ha plasmado en la enmienda de totalidad con texto alternativo
que presentó al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios.
En este sentido, la portavoz socialista ha remarcado que
dicha enmienda a la totalidad “contiene normas para la creación de un parque
público de alquiler social y para garantizar el derecho a la vivienda, a un
precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares, a las personas que
hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia
sobrevenida en un procedimiento de desahucio.”
“No se trata de que los bancos dispongan de viviendas e intenten
gestionarlas como una ONG, sino de que el derecho al alquiler social se pueda
reglamentar como un derecho constitucional”, ha señalado. Además, ha matizado
que en el fondo social “tienen que estar no solo viviendas de los bancos, sino
también las procedentes del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada y
de la rehabilitación de inmuebles desocupados”.
Igualmente, la diputada del PSOE ha remarcado que también se
debe contar para el alquiler social con todas aquellas viviendas que, como
consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria con posterior desahucio,
hayan pasado a titularidad de las entidades de crédito que estén participadas
por el FROB y no hayan sido posteriormente enajenadas, y las adquiridas por la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria,
Sareb.
La responsable de Vivienda, ha incidido en que el PSOE
apuesta por la habilitación de una línea de crédito, a través del Instituto de
Crédito Oficial, que facilite el aplazamiento temporal y parcial en la
obligación de pago del cincuenta por ciento del importe de las cuotas
hipotecarias de personas en situaciones de especial vulnerabilidad, como
desempleados, autónomos que hayan cesado su actividad económica o acrediten
ingresos íntegros inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples y pensionistas de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez
concertado el préstamo hipotecario.
Por último, Iglesias ha señalado que el Gobierno del PP
“vuelve a exigir requisitos que limitan el reconocimiento de un derecho
constitucional, ya que los umbrales marcados hacen que dichas medidas sean puro
maquillaje”.
