Lunes, 28 de Enero de 2013 09:11
Cándido Marquesán Millán
En estos tiempos de vigencia del
neoliberalismo, una de sus características más destacada es el ataque
implacable a todo lo público, mientras se ensalza lo privado considerado como más eficiente. Tesis aceptada como
incuestionable, incluso desde una izquierda que se ha ido quedando muda,
mientras la derecha se esforzaba en el desprestigio del Estado. No obstante, me
atrevo a discrepar. Numerosos estudios demuestran que cuando se privatiza la
prestación de un servicio público hay que pagar, además del coste del mismo, el
beneficio del que lo presta. Esto encarecerá su coste, a no ser que la empresa
privada tome medidas para rebajarlo, como pagar menos a los trabajadores,
reducir personal, o que sea menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que
no sean caros o proporcionar solo prestaciones baratas. Nadie da duros a 4
pesetas.
En este contexto de desprestigio
de todo lo público, desde poderosos medios de comunicación se ha expandido la
idea entre la gente de la calle de que
la culpa de la crisis económica se debe a la existencia de muchos empleados
públicos, que está generando un excesivo gasto, con la consiguiente deuda
pública. Para ello, se han servido de estudios de algunas instituciones como
FUNCAS (Fundación de Cajas de Ahorros)-es conocida su ideología-, para
presentar unos titulares como “El número de funcionarios ha crecido en más de
25.000 en diez años en Aragón hasta casi 98.000”.
Ya lo decía Azaña “Un cartelón
truculento es más poderoso que el raciocinio.” Puede que alguno se
sorprenda pero España está, en cantidad de empleados públicos muy por debajo de
Francia, y no digamos ya de los países nórdicos. Todavía más. El porcentaje de
trabajadores en los servicios públicos del Estado del bienestar (como sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con
dependencias, servicios sociales) es menor que el promedio de la UE-15 (15%).
En España en 2008 un 9%, en Portugal un 7%, en Irlanda un 12% y en Grecia un
14%.
Con los recortes brutales estos
porcentajes han empeorado en España. Estos datos demuestran que, en contra de
lo que sostienen varios economistas neoliberales (que monopolizan los espacios
mediáticos) el sector público está poco desarrollado en estos países y el
problema económico no es por el excesivo desarrollo de su Estado del bienestar.
Tal como señala Santos Juliá, según el Boletín
estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio
de 2010, entre funcionarios y contratados somos 2,66 millones en todo el
Estado. De ese total, medio millón trabaja en las instituciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud y 650.000 en los diferentes niveles del sistema
educativo, de infantil a universitario: 43 funcionarios de cada 100 son
empleados en sanidad y educación.
Si queremos reducir hasta los 700.000, como ha
propuesto un ilustre periodista-vaya cenutrio-, habría que explicar cómo se
garantizan 14 años de escolarización obligatoria, o una atención médica
gratuita y de calidad como la dispensada por el S.N.S. Pero sigamos, algo más
de un cuarto de millón son militares, policías y guardias civiles, o sea,
personal de las F.F.A.A. y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que es
preciso añadir el personal adscrito a la administración de justicia y a los
centros penitenciarios y las policías locales y autonómicas, lo cual eleva el
total de los encargados de seguridad interior y exterior a otro medio millón.
¿Reducimos a 125.000 la suma de policías, guardias civiles, jueces y demás que
velan por el orden y la seguridad? Por supuesto, a todos estos funcionarios
habría que sumar cuidadores en residencias de ancianos o personas dependientes,
expendedores de documentos de identidad, agentes forestales, vigilantes de
museos..
Por tanto aducir que son muchos los empleados
públicos es una falacia. Todo lo contrario. Es sabido que al Sistema Nacional
de Salud le faltan médicos, ya que España tiene un déficit de unos 9.000
facultativos, sobre todo se necesitarán pediatras, ginecólogos, especialistas
en cirugía general, anestesistas y médicos de familia. Todavía más, Sanidad
estima que en el 2025 faltarán 25.000 profesionales. Y no digamos la cantidad
de personal que se necesitaría si no se boicotease la Ley de Dependencia. Como
también en el ámbito educativo, de investigación, de seguridad pública, etc.
Todos
estos ataques hacia este colectivo de trabajadores públicos, -no todos
son funcionarios, ya que hay personal estatutario, laboral, interinos-, parten
desde instituciones públicas y privadas, que podíamos ubicarlas en
planteamientos neoliberales: banca, organizaciones empresariales, FMI, OCDE,
UE, porque siempre han defendido la privatización de los servicios públicos,
así como la idea de que el Estado es el problema y por tanto cuanto menos,
mucho mejor, y que la solución es el Mercado. Los acontecimientos ocurridos en
el aeropuerto de Barajas en la Navidad de 2009, en los que una empresa privada, la del entonces
presidente de la CEOE, dejó en tierra sin proporcionarles un avión a miles de
sudamericanos con billete para ir a sus respectivos países, y que tuvo que ser
el Ministerio de Fomento quien solucionase el problema, contradicen lo
anterior.
No obstante,
desde estas tesis es claro que hay que reducir el gasto corriente en las
Administraciones Públicas, reduciendo plantillas, congelando los sueldos, e
incluso, quitando pagas extras, lo que supone un auténtico expolio. Inmersos en
esta dinámica es probable que nos quiten las vacaciones pagadas, que
nos militaricen, y además nos encorran a gorrazos si osamos quejarnos.
Tengo la impresión de
que a una parte de la ciudadanía española no le parece mal, más todavía, está
totalmente de acuerdo e incluso se regodea, aunque no sé si es consciente del
peligro de estas políticas, ya que si se desmantelan determinados servicios
públicos: sanidad, educación, pensiones, asistencia al dependiente, seguridad
pública etc., esto supondrá que sólo podrán disponer de estos servicios
aquellos que se los puedan pagar. Además la palabra
“público” significa que pertenece a todo el pueblo. Esto me parece
tan claro como el agua cristalina. Además de que la iniciativa privada sólo
acudirá a proporcionarlos, allí donde haya negocio. Por ello, dudo mucho que a
un pueblo metido en lo más profundo de la montaña del Pirineo poblado con
algunos centenares de habitantes, acuda una aseguradora médica privada o una
orden religiosa con un colegio. Sin embargo, podemos constatar que ningún
pueblo español carece de una asistencia médica o educativa públicas, además de
otros servicios.
En un aviso a
navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en
sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió "Toda
sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el
polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y
reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar
el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a
lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba
Hobbes..."
Dicho lo cual, entiendo que no
tiene sentido esa auténtica persecución hacia los empleados públicos, como si
fueran los responsables de la crisis económica.
Para combatirla no vendría mal que nuestros gobernantes y responsables
de las diferentes Administraciones Públicas tuvieran alguna consideración o
respeto hacia sus empleados, defendiendo
y justificando su trabajo, en lugar de
jugar y cuestionar su pervivencia y sus condiciones laborales,
poniéndolos a los pies de los caballos ante sus ciudadanos. Hoy un político que
se precie y quiere escalar en el cursus honorum de la política, tiene que denigrar a los empleados públicos.
Por otra parte, hay que dejar constancia clara
y contundente de que a la mayoría de los empleados públicos nadie les ha
regalado nada, ya que han llegado a ese puesto de trabajo tras superar una
durísima oposición- a la que puede presentarse todo el mundo- basada en los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que ha requerido largos
años de preparación, y dedicación.
Muchos se han quedado en el camino. Por otra parte, salvo excepciones, en la
gran mayoría de las ocasiones los empleados públicos ejercen su trabajo con
gran profesionalidad. Y en el caso de que no sea así, los responsables de la
Administración deben tomar las medidas correctoras oportunas, ya que la
dedicación y la profesionalidad es lo mínimo que se nos debe exigir cara la
ciudadanía, que para eso paga sus impuestos.
Por cierto, quiero acabar con la
situación de un funcionario que conozco muy bien, que podría servir de ejemplo.
Tuvo que superar unas oposiciones libres para profesor de enseñanzas medias,
con 150 temas, numerosos ejercicios prácticos, prueba de catalán, lejos de su
tierra natal, ya que en territorio MEC aquel año no las hubo, compitió con
otros 4.000 compañeros para alcanzar una de las 40 plazas, tuvo que residir 17
años fuera de su domicilio conyugal, ahora está a 30 kilómetros. Todos los días
ha impartido clases a alumnos cada vez más diversos, con “gran apoyo y
reconocimiento” por parte de la sociedad, las instituciones, las familias… Lo
que no es óbice para que cada día haya entrado con más ilusión a su clase, y
así como él otros muchos compañeros de profesión. Por cierto acaba de llegar de
la consulta médica, donde ha recibido un trato exquisito.
EXTREMADURA PROFRESISTA
