VIERNES, 5 DE JULIO DE 2013
JOSÉ LUIS ALMUNIA
El número IV de los Principios de Núremberg que determina las
responsabilidades frente a los crímenes de guerra, dice: El hecho de que una
persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un superior no le exime de
la responsabilidad bajo las leyes internacionales, siempre que se demuestre que
tenía posibilidad de actuar de otra forma.
Salvando distancias casi siderales, cuando se habla de la venta masiva
a particulares de acciones preferentes de entidades bancarias, me acuerdo de
ese artículo tan importante del derecho internacional.
Este recuerdo surgió cuando una
mañana un grupo de ancianos hablaban de las famosas preferentes. Estábamos
desayunando en el pueblo idílico en el que vivo, un municipio sin deudas, donde
los proveedores y el personal cobran, maravillosamente regido por políticos
honestos y trabajadores, transformado de un poblacho en blanco y negro en una
estampa preciosa de luz y color, extraña isla dentro del país al que llegó
también el fenómeno de vender acciones preferenciales a una serie de personas
que no sabían ni siquiera que significaba eso. (Una acción preferente es aquella
que cobra antes que ninguna otra pero que no tiene derecho a voto en las
asambleas de la sociedad; aunque no entraré en tecnicismos.) Recuerdo
perfectamente lo que dijo uno de aquellos hombres maduros: El problema es que
nos lo vendió Alejandro, el hijo de Manolo, ¿quién iba a desconfiar en este
pueblo del hijo de Manolo? El tal Alejandro les había dicho a aquellos
jubilados que las preferentes eran un negocio fetén, que no había riesgos, que
compraran, aunque fueran mil euros… en fin, lo que todos sabemos.
Nadie duda que las entidades
financieras españolas, digan lo que digan los expertos e incluso el sistema
judicial, han cometido una monumental estafa. En lugar de ir al mercado de
capitales a buscar recursos financieros para sus imposibles operaciones
inmobiliarias y de otras clases, se fueron a buscarlos en las cuentas que los
pequeños ahorradores –y no ahorradores sino simplemente que tenían algo de
dinero para ir tirando− tenían en sus sucursales. Era muchísimo más fácil,
porque si hubieran puesto a la venta esos títulos en las bolsas
internacionales, los expertos en inversión bursátil no hubieran comprado las
estampitas de aquel timo. Es obvio que como no eran capaces de estafar a los
tiburones financieros, optaron por despojar de sus dineros a los incautos e
incultos económicamente hablando clientes de sus entidades. Para más inri
cuando el pastel estalló, vino aquello del arbitraje y las quitas, lo que viene
a significar que legalmente se han quedado con un sustancioso bocado de las
supuestas inversiones que hicieron sus clientes. Así, por las buenas. Te
estafo. Se descubre. Bueno te estafé cien, pero te devuelvo sesenta y aquí paz
y en el cielo gloria. Ah, y sigue siendo cliente de mi banco, de mi caja, que
como bien sabes, para nosotros el cliente es lo primero. ¡Nauseabundo!
Por supuesto la cúpula de esas organizaciones son las últimas y
esencialmente responsables de la enorme estafa. No se trata de un cajero que
nos ha hecho un pequeño truco y se ha quedado con un billete de veinte euros, sino
de una estafa perfectamente diseñada y organizada, con su estrategia, su
táctica e incluso su plan de emergencia por si la cosa salía mal. Esto último
se ha demostrado analizando los papeles que se firmaron, sin leer −¿quién se
lee esa novela con letra tan minúscula?−, por los supuesto inversores. En esos
documentos se preveía que la estafa podría llegar a descubrirse y se definían
todas las salvaguardas legales para que no le pasara nada al estafador. Eso no
lo urde un empleado ni un director de sucursal, claro. Pero la pregunta que
surge es: ¿no tienen responsabilidad alguna esos empleados, esas personas que
estaban en contacto directo con los clientes y que fueron quienes vendieron las
preferentes y no con poco entusiasmo? No me olvidaré nunca de la presión que
vivimos mi mujer y yo por parte de una joven muy peripuesta para que
compráramos preferentes de la caja de ahorros donde teníamos un escaso peculio
que con la crisis se ha evaporado; aunque, claro está, nos ha sido muchísimo
más útil que si lo hubiéramos invertido en aquel papel mojado que nos ofrecían.
Me tuve que poner serio y decirle a aquella empleada, seguro que con un máster
y todo a cuestas, que cuando ella estaba todavía en los genes de sus
progenitores, yo tenía los genes negros ya del humo de cien mil batallas
financieras. No me entendió, pero no compramos acciones preferentes.
¿Es que el hijo de Manolo, el
que utilizó su prestigio en mi pueblo para vender papel mojado a personas
honestas y sufridas, no tiene responsabilidad alguna? ¿Es que todo se puede
justificar por la “obediencia debida”? El principio jurídico que he insertado
al principio de este artículo dice que de eso nada y que si se pudo hacer de
otra manera, el que lo ha hecho es responsable de su acción. Pero, ¿se pudo hacer
de otra manera? Todo empleado sabe que todo se puede hacer de otra manera. La
lista de cosas que se ordenan y que no se hacen, en toda empresa, es
interminable. ¿Se les ofreció a los empleados –cosa que no he podido averiguar−
algún tipo de incentivo, comisión o bonificación por estafar a los clientes; me
niego a llamar la operación de otra forma? Si fue así y los empleados entraron
al trapo, tienen su responsabilidad. Y una pregunta interesante: ¿cuántos
empleados compraron acciones preferentes de sus bancos y cajas? Por lo que
sabemos nadie o casi nadie. No, tan inocentes no eran. Salvando grandes
diferencias, eran tan culpables como los procesados en Núremberg. Pero no les
pasará nada ni a los altos ni a los bajos responsables de la monumental estafa.
Este país es así.
DIARIO PROGRESISTA
