Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO,
30 de septiembre de 2012
Este artículo analiza el contexto político que configura una
serie de hechos, incluyendo la preparación del presupuesto 2013 propuesto por
el gobierno del Partido Popular, acentuando el papel de las fuerzas
financieras, económicas y políticas que han determinado su contenido.
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos
que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta.
Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el
que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a
los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que
se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda
pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos
intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de
los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios
donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco
Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir,
directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su
nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en
Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del
Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales
sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y
protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado
dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual
compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio
redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la
ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en
especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una
exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas)
sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no
adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las
políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio
comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha
costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los
funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines,
la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que
el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su
misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a
extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta
recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la
lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los
demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme
influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado
español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa
cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos
políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente
endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de
información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida
política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de
denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las
instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos
mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente
irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes
tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que
se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima
de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos.
El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad
adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje
de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante
los últimos años debido a las reformas laborales y a la disminución salarial
que tales reformas intentaron y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se
debe, en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios,
consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases
populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación
de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más
rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el
maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales
regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a
las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad
explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más
bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la
UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las
reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica
(estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma
tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros
(según los datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del
Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron
un 39% y los de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un
sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que
el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado
en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las
rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el
estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos
intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con
el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que
redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía
financiera y los súper ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran
golosina, no sólo para la banca española sino también para la banca europea y,
muy en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi
200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda
pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja
inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede
arrasar toda la banca, incluida la alemana.
Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del
Estado
Este rescate se hace
en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de
enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el
presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho
digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva
de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la
insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los
recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección
social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las
medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia
Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del
establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la
eurozona.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas
posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las
hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo
de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español
podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una
política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las
pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el
impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del
impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos
a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500
millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber
anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que
facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12%
de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de
atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio
del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las
escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que
hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el
libro Hay alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España
(Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando
cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda
más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de
tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al
ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y
en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros
países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son
indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que
siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la
protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del
bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto
hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para
denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación
del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que
estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de
la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales
políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la
mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al
servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido
aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que
están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los
partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están
violando la democracia.
