Lunes, 08 de Julio de 2013
08:49
EP/Ag
Este lunes 8 de julio finaliza el límite de un año dado por la reforma
laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de
renovación ('ultraactividad'), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y
previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el
convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.
Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero
de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5
millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y
UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios
afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
De los convenios pendientes, la mayor parte (953) corresponden al
ámbito privado, con 1,7 millones de trabajadores, en sectores como los de
aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito
público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su
mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades
públicas como Paradores y astilleros. Sin embargo, la patronal cree que hay
excluir de los convenios pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por
llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de
solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de
Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan
a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de
empresa o integración en un ámbito superior.
La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos.
Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y
sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el 'Acuerdo sobre
ultraactividad de los convenios colectivos', como parte del II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC). Su pretensión era crear un clima
de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los
procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido
por la reforma laboral. En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes
promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de
los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación
obligatoria o arbitraje voluntario.
Un código de buenas
prácticas
El acuerdo, de ocho puntos, sin embargo, se firmó a nivel confederal y
no dejaba de ser una declaración de intenciones que no obligaba a que en las
unidades de negociación concretas puedan darse bloqueos intencionados de los
convenios por algunas de las partes. De hecho, una semana más tarde, el
responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que
la patronal había negociado el acuerdo "porque hay que fijar un itinerario
obligacional", pero reiteró que éste no dejaba de ser "un código de
buenas prácticas en las mesas de negociación".
En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en
miles de convenios colectivos, lo que ha motivado que CC.OO. y UGT incluso
hayan hecho una llamada al Gobierno para que "replantee" el límite de
la 'ultraactividad' y le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar
a partir de este 8 de julio, en continuación de las huelgas ya convocadas en
lugares como Cataluña o País Vasco.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que
"de ninguna manera" teme una oleada de conflictividad a partir de esa
fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando
"muchísimos convenios". Además, según los datos que maneja la
patronal alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral
cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más
allá del año límite de la 'ultraactividad', lo que demuestra que la negociación
colectiva sigue su curso y "no tiene ninguna problemática". No
obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los
derechos adquiridos por los trabajadores pasados ese año.
¿Qué puede ocurrir?
A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales
admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la
reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que
millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de
salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se
acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los
Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados. Con
todo, los sindicatos han indicado que el 8 de julio "no es el final de
nada", sino "un punto y seguido".
Según han explicado las centrales sindicales, en primer lugar, en el
caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya
recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que
estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el
inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un
nuevo convenio. Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han
avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen
decaer los convenios.
Las centrales no quieren desvelar cuál será su estrategia jurídica,
pero aseguran que tienen argumentos sólidos para poder seguir negociando sin
que ningún trabajador pierda sus derechos. En primer lugar, aseguran que la
normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el
derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los
trabajadores sólo podrá interpretarse como "mala fe", mientras que
además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus
derechos contractualizados a título individual.
EXTREMADURA PROGRESISTA
