La Ministra de Sanidad,
Ana Mato. EFE
Sofía Pérez
Mendoza
25/07/2013 -
20:54h
Sanidad baraja ampliar
los datos de violencia machista con las mujeres hospitalizadas
Sanidad prepara una
estadística incompleta sobre violencia de género
Cientos de personas exigen la dimisión de Ana
Mato en un 'escrache feminista' ante Sanidad
En los últimos meses, la ministra de Sanidad,
Igualdad y Servicios Sociales, Ana Mato, no ha dejado de estar presente en
todas las portadas. La imputación de su exmarido, Jesús Sepúlveda, en la trama
Gürtel ha situado a la ministra en el epicentro del debate. Y los más recientes
recortes en materia de Sanidad, considerados más ideológicos que económicos,
tampoco han ayudado a calmar los ánimos.
1. La reproducción
asistida, sometida a "razones médicas"
A partir de ahora, ser mujer
estéril será requisito fundamental para el acceso a un tratamiento de
reproducción asistida. Y así lo indicó este martes la titular de Sanidad tras
el Consejo Interterritorial con los delegados autonómicos con los que ha fijado
la nueva cartera básica de servicios sanitarios. Según lo acordado, serán los problemas
médicos los que determinen si una mujer puede acceder o no a estos servicios.
Quedan fuera de la financiación pública las mujeres sin pareja o las lesbianas
que, aunque sean fértiles, necesitan de estos tratamientos para poder ser
madres.
La incorporación del requisito de
esterilidad en la cartera de servicios básicos ha provocado el rechazo de
algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias,
además de diversas asociaciones de homosexuales. Según Mariano Sánchez Bayle,
portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, los
tratamientos de reproducción asistida tienen un coste que oscila entre los 600
y 6.000 euros por ciclo, según la técnica. Cantidades que pueden resultar
difíciles de asumir para una persona sola.
2. La retirada de la
tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles
Los inmigrantes han sido los peor
parados con los recortes del Ministerio. En septiembre del año pasado se hacía
efectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los 153.000 inmigrantes sin
residencia legal en España. Según la normativa en vigor, solo tendrán acceso a
las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Cuatro
comunidades autónomas -Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias-han seguido
atendiendo sin restricciones a estos inmigrantes. El caso del senegalés Alpha
Pam, privado del derecho a la asistencia sanitaria y fallecido por tuberculosis
en Mallorca, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias que la
exclusión de los inmigrantes sin papeles de la Sanidad Pública está dejando a
su paso.
3. El 'hachazo' en
dependencia
Las ayudas a la dependencia
también han sido objeto del "recortazo" de Mato. Seis años después de
su entrada en vigor, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha retrocedido muy
seriamente. Tras varios semestres de recortes sucesivos, el Gobierno asestó el
hachazo definitivo en mayo, cuando colgó en su web el Plan Nacional de Reformas
2013 sin informar previamente por otro canal. De este modo se reveló el
compromiso adquirido con la Unión Europea de recortar 1.108 millones de euros
en dependencia. Una cantidad que es superior a la que Administración central
tiene presupuestada para este año (1.087 millones). La Coordinadora Estatal de
las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció el pasado 19 de
julio frente al Ministerio de Sanidad la situación de "gravedad y
agonía" que está sufriendo el sector.
4. Mayores de 26 sin
cotización
Tras la aprobación del Real Decreto que dejaba sin asistencia
sanitaria a los españoles mayores de 26 años que no hubieran trabajado o
cotizado en la Seguridad Social -el mismo que establecía la retirada de la
cobertura médica a los inmigrantes sin permiso de residencia-, Mato se apresuró
a negar que el paraguas de la Sanidad fuera a dejar de cubrir a estas personas.
En aquel momento, la ministra afirmó que "ningún español iba a dejar de
tener tarjeta sanitaria por dinero".
Sin embargo, esta reforma
sanitaria es clara. Solo tendrán derecho a cobertura médica a cargo del Sistema
Público de Salud los llamados "asegurados": trabajadores,
pensionistas, desempleados con prestación o que ya la hayan agotado y se
encuentren en búsqueda activa de empleo. El resto, siempre mayores de 26 años,
"podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no
superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente". Este techo
se fijó dos meses después en 100.000 euros anuales.
5. Las píldoras
anticonceptivas más modernas, sin financiación
El próximo 1 de agosto es la
fecha marcada por el Gobierno para dejar de financiar ocho píldoras
anticonceptivas de tercera generación que estaban incorporadas en el paraguas
de la financiación pública de 2011. Los anticonceptivos hormonales más modernos
-como Dretine, Drosure, Drosiane, Liofora o Yira, cuyo precio oscila los 10
euros al mes- pasarán a ser de pago íntegro para el millón de mujeres que los
utilizan en España. Tras el anuncio de esta determinación a principios de
julio, el Ministerio de Sanidad aludió a una necesaria "optimización de
recursos" para acallar las voces que relacionaban esta decisión con
motivos ideológicos.
6. Las políticas de
igualdad no se salvan del 'recortazo'
La tijera del Gobierno tampoco ha
tenido piedad con la igualdad y las víctimas de la violencia de género. Las
políticas de igualdad han reducido en este año un 24% su presupuesto y los
recursos para combatir la violencia machista han disminuido un 7%. A este tajo
hay que sumar otro 22% en 2012, además de los recortes que muchas comunidades
autónomas están aplicando a este tipo de servicios.
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