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5 de abril de 2013
Cristina Cifuentes, la
tristemente conocida delegada de Gobierno en Madrid, abrió la veda de una
salvaje campaña de criminalización contra la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH) y, en particular, contra su portavoz, Ada Colau. Cifuentes,
gran protagonista de numerosos actos de represión policial, como la del 25 de
septiembre (y días posteriores) en los alrededores del Congreso, declaró que
“la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de
apoyos a grupos filoetarras o proetarras”. Denunció, además, que las acciones
de escrache son actos de kale borroka. Los escraches son citas de activistas en
los domicilios de, en este caso, políticos del PP, partido que ha anunciado que
votará en contra de los puntos fundamentales de la ILP que presentó la PAH en
el Congreso. Según la Plataforma, “consideramos que tenemos derecho como
ciudadanos a informarles de las consecuencias dramáticas que va a ocasionar su
decisión porque las estamos padeciendo diariamente”.
Cifuentes tiró la primera piedra,
pero inmediatamente fue secundada por elementos como Alberto Ruiz-Gallardón
(ministro de Justicia), Antonio Basagoiti, el propio Rajoy, Rosa Díez
(dirigente de UPyD), los medios habituales de la derecha, y personajillos de
variado pelaje como Ramoncín. Escudándose en estas calumnias, la Secretaría de
Estado de Seguridad ha dado instrucciones para la identificación y detención de
los participantes en escraches. Colau ha respondido a esta grave amenaza de
represión: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento
de las entidades financieras contra las personas más vulnerables, y aquí en
ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho
detenciones". En cambio "contra los ciudadanos honrados que sólo han
dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro,
contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".
mani_stop_desahucios
Esta campaña histérica contra el
movimiento de oposición a los desahucios es parte de la criminalización de la
derecha (PP, CiU, PNV y UPyD) contra todos los movimientos que ponen en
cuestión su política en favor del capital y contra la mayoría trabajadora. La
represión brutal de luchas (la Primavera Valenciana de hace un año, las huelgas
mineras del verano, la pasada huelga general…), las calumnias contra el
Sindicato de Estudiantes (al que se acusó de “terrorista”) y la CEAPA por
organizar huelgas contra la ley Wert, la amplia campaña mediática acusando a
los organizadores de Rodea el Congreso –y posteriormente a las manifestaciones
del 23 de febrero- de golpistas… todo vale para desviar la atención de la
brutal política de ataques del Gobierno, y de su desbordada corrupción, y para
apretar las filas de su base social más reaccionaria (en un momento en que
cunde el desánimo y la perplejidad entre los votantes del PP).
La lucha sirve:
sentencia del tribunal europeo
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El Gobierno es consciente de que
uno de sus puntos más débiles (¡y mira que tiene!) es la creciente inflamación
popular ante la sangrante tragedia diaria de los desahucios. Ver a familias
enteras, niños, ancianos, empujados, expulsados de sus casas, por las fuerzas
del orden… a la orden de los banqueros, mientras éstos son mimados por el
Gobierno en forma de decenas de miles de euros, es causa de indignación masiva.
De igual forma, es altamente valorada la existencia de un movimiento como la
PAH, que gracias a la acción directa, a sus raíces en el movimiento social, y
su determinación de seguir adelante pese a quien pese, ha demostrado que la
lucha sirve. De hecho, la movilización ha conseguido que se paren 800
desahucios, que se concedan 300 daciones en pago y, lo más importante,
concienciar de este gran drama. Recientemente el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en una importante sentencia, ha declarado la nulidad de los
desahucios desde 1993, ya que la norma que regula las “ejecuciones
hipotecarias” es ilegal al no garantizar el derecho de defensa de los
afectados. Esta enorme victoria jurídica (que el Gobierno no está dispuesto a
acatar, escudándose en que implicaría graves perjuicios para los bancos)
hubiera sido imposible sin esta constante lucha de la PAH. De igual forma que
la toma en consideración de la ILP, cuyas líneas centrales son: dación en pago
retroactiva, paralización de los desahucios, y alquileres sociales.
Es obligación de los sindicatos,
de los partidos de la izquierda, y de todo el movimiento, denunciar estas
maniobras de criminalización, y participar en la lucha contra los desahucios,
entendiendo que ésta es parte de la lucha general contra el sistema
capitalista.
ULISES BENITO.
