SÁBADO, 13 DE ABRIL
DE 2013
JOSÉ MARÍA DE LA RIVA
Durante mucho tiempo la derecha
económica se ha echado las manos a la cabeza ante "el despropósito"
de la izquierda con las expropiaciones.
¿Pero qué significa
expropiar? Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que consiste en
“privar a alguien de la titularidad [de un bien] a cambio de una
indemnización”. Pero seguramente si nos remontamos a las teorías de David
Ricardo, sobre el valor del trabajo, llegaremos a la conclusión, marxista, de
que la “expropiación de los expropiadores”, se produce como consecuencia de la incapacidad de los
gobernantes para resolver los conflictos sociales.
Tenemos un conflicto
con varias derivadas. Crisis de producción, desempleo, crisis financiera,
desempleo, burbuja inmobiliaria, desempleo…Resumiendo, parece que todas las
derivadas conducen a que los que, sobre todo, pierden el empleo, “paguen el pato” en todas las ocasiones.
Se hace difícil creer que tras, prácticamente, cinco años de crisis,
quienes tienen la responsabilizar de resolver los problemas, para eso son
elegidos, no hayan sido capaces de resolver ni uno solo de ellos. Mucho más,
como en el caso de los “desahucios”, en que todos parecen reconocer que es una
situación que hay que arreglar, con urgencia, y por otra parte que puede tener
arreglo. Llegado el momento de pasar del reconocimiento del problema a definir
cómo se resuelve, los mismos que lo reconocen no materializan ninguna solución.
Es casual, o hay una parte que se empeña en seguir en la desregulación, en
todos los ámbitos, del Estado de Bienestar.
El PSOE, que tiene su culpa, reconocida, y expresado su error, plantea
soluciones, tímidas inicialmente, y más contundentes desde el martes 9,
concretadas en el decreto de la Junta de Andalucía.
El PP, que tiene su culpa, sin reconocer, planteando que el error es
“la herencia recibida”, pero sin decirnos que tal herencia procede, entre otras
causas, de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia
de suelo, así como la Ley 6/1998 de Régimen del suelo y valoraciones, que como
es evidente ambas reglamentaciones las realiza el PP, por lo que la herencia
recibida se la deben a sus mentores.
Finalmente unos
responsables políticos, más allá de culpabilizar al de enfrente, toman una
decisión, en la línea de resolver el problema, y lo llevan a una norma legal,
un decreto ley, denominado: “Medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda” y lo publican en el BOJA (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía), por lo que desde el jueves 11, está en vigor.
Todos los que estamos deseando que se resuelva este grave problema
social de los desahucios, deberíamos contribuir a que se extienda esta norma a
todo el territorio de España, dejar de echarnos las culpas unos a otros y
contribuir a que uno de los problemas sociales, que pueden desembocar en un
conflicto sin solución, acabe en una medida que permita recuperar la confianza
en la política y en los políticos. Lo demás son fuegos de artificio que nos
pueden estallar debajo de los pies.
DIARIO PROGRESISTA
