Martes, 16 de Abril
de 2013 08:25
PG
El cardenal arzobispo de Madrid y
presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha
propinado un tirón de orejas al Gobierno por no haber acometido la
"reforma urgente" de la ley del aborto y del matrimonio homosexual.
De las materias que enturbiaron las relaciones entre la Iglesia Católica y el
Ejecutivo en tiempos de Zapatero, solo la asignatura de educación para la
ciudadanía está próxima a ser sustituida en aplicación de la ‘reforma Wert’ y, aun
así, Rouco ha considerado que la enseñanza sigue dejando mucho que desear.
Por lo que se refiere al aborto,
Gallardón ha repetido hasta la saciedad su intención de reformar la ley de 2010
que lo contempla como un derecho para el que no hay que alegar causas ni
someterse al visto bueno médico en las primeras 14 semanas, sin esperar a la
sentencia del Tribunal Constitucional, ante el que el PP recurrió la norma.
Pero, por ahora, el ministro de Justicia no ha entrado a fondo en la cuestión.
En cuanto al matrimonio
homosexual, no hay previsión de una marcha atrás. Casi a la misma hora en que
Rouco tachaba de “insuficientes” los pasos que se han dado en estas materias,
ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el Papa Francisco
recibía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El comunicado del Vaticano
dice brevemente que en el encuentro "se ha hablado de la institución del
matrimonio y de la familia y de la importancia de la educación religiosa",
pero sin aportar más detalles. Parece ser que en la Biblioteca privada de Francisco
se ha hablado sobre todo de la crisis que, en el discurso de Rouco, apenas ha
merecido una línea.
El presidente de la Conferencia
Episcopal ha leído la cartilla al Ejecutivo enumerando las promesas
incumplidas: “Persiste la crisis económica con su cortejo de paro
-especialmente de desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a
los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida
atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del
derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el
matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para
la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad
de la enseñanza sigue dejando mucho que desear, siendo así que de ella depende
en tan gran medida el futuro de la sociedad”.
Respecto al aborto, ha indicado
que “no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un
anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de
aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios
de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental”. Incluso ha
afirmado que “durante los años de vigencia de la actual legislación, que se
basa en el absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a
quitarles la vida a los seres humanos que van a nacer, en contra de lo que
falazmente se había afirmado, el número de abortos ha seguido creciendo hasta
alcanzar cifras escalofriantes”. “¡España envejece y se debilita!”, ha alertado
Rouco, aunque ha puntualizado que, aunque no fuera así, “una conciencia moral y
cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente
amparada del derecho a la vida de un solo ser humano”.
En lo relativo al matrimonio
homosexual, ha considerado “urgente la reforma de la legislación sobre el
matrimonio”, no para “privar a nadie de sus derechos” sino para recuperar una
definición que no ignore la “especificidad” del matrimonio entre hombre y
mujer. “Se trata –ha dicho- de restituir a todos los españoles el derecho de
ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de
recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de
una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de
proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener
una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados
con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos”. En este punto,
se ha referido a la sentencia del Constitucional que avala la ley afirmando que
sbre el Gobierno y el legislador recae “una grave responsabilidad que no puede
ser transferida ni eludida”, ya que “no se trata de algo que supuestamente
afectará solo a la vida privada de las personas” sino que “está en cuestión la
estructuración básica de la vida social”.
Por otra parte, ha indicado que
“se espera todavía una legislación más justa” en lo que se refiere a la
libertad de enseñanza y, en concreto, “al efectivo ejercicio del derecho
fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y
religiosa que desean para sus hijos”. Además, ha indicado que el deterioro
educativo se debe a esta situación así como a la “imposición de materias
impregnadas de ideología de género”. “El deterioro progresivo de la situación a
este respecto, junto con la imposición de materias impregnadas de relativismo e
ideología de género -imposición vulneradora del mencionado derecho fundamental-
constituye, sin duda, una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza
en general y de que buena parte de la juventud se halle tan carente de la
formación humana necesaria para afrontar con éxito la vida personal, laboral,
social y política”, ha precisado.
Por lo demás, Rouco ha tenido
también unas palabras para los medios de comunicación. En un momento de su
discurso, ha arremetido contra el papel de los periodistas al recordar la
elección del papa Francisco en el reciente cónclave. “No se lo esperaban los
medios de comunicación y muchos de sus comentadores. El nombre del cardenal
Bergoglio no había parecido en ninguna de sus previsiones. El efecto sorpresa,
unido a la personalidad del nuevo romano pontífice, dio lugar a que el papa
Francisco fuera acogido con juicios por lo general muy favorables por parte de
aquellos mismos medios que no habían sido capaces de influir mínimamente en la
elección del papa con sus opiniones, valoraciones y previsiones, como tampoco
de dar a sus lectores una información suficientemente fundada acerca de la
preparación del cónclave”.
Los dineros de la
Iglesia
Paralelamente a la detallada
exposición de asuntos pendientes por parte del presidente de la CEE, Europa
Laica ha pedido a los contribuyentes que no marquen “ninguna casilla” en la
Declaración de la Renta para “no pagar al clero” ni a sus ONG, ya que –según
estima la organización– la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibe por la
asignación del 0,7 por ciento del IRPF unos 247 millones de euros al año,
mientras que las ONG y fundaciones católicas obtienen más de 120 millones, en
lo que califican como un “sistema ilegítimo”.
En la presentación de su campaña
‘IRPF 2013′, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha insistido en
que marcando la casilla de la Iglesia Católica “se discrimina por razón de
convicciones y creencias, vulnerando el principio del Estado aconfesional”,
mientras que “una parte importante” de la recaudación la casilla de Fines
Sociales “también va a entidades de la propia iglesia”. Por ello, Delgado ha
reclamado un ‘Plan de financiación estatal’ para que los fines sociales no
dependan de la voluntad de los contribuyentes, sino que formen parte directa de
las políticas públicas, dentro de los Presupuestos Generales del Estado. “No
estamos en la vía correcta, hay otras más lógicas y más equitativas”, ha
apostillado.
De la misma forma, ha denunciado
que el Estado está haciendo una “dejación de funciones” con la “excusa” de la
crisis económica en lo que se refiere a las políticas sociales. En este
sentido, Delgado le acusa de “ceder dinero” a las ONG de la iglesia católica
para que sean ellas “quienes hagan la beneficencia” y “mejoren la imagen de una
institución desprestigiada”. “Cáritas es el barco de salvación de la Iglesia
católica”, ha añadido el presidente de Europa Laica, que insiste en que “el
Gobierno está cediendo a la Iglesia el servicio social que debería llevar a
cabo desde el propio Estado”.
La Iglesia en la Ley de
Transparencia
Por otra parte, Delgado ha
reclamado que la Iglesia Católica, como cualquier otra entidad privada que
reciba dinero público, entre en la Ley de Transparencia que se está tramitando
en el Parlamento y añade que “si no se le incluye sería un escándalo”. “Frente
a la opacidad, exigimos rendición de cuentas de la Iglesia Católica. No es
justo ni ético que permanezca en un paraíso fiscal con la complicidad de los
poderes públicos”, ha sentenciado. En concreto, esta asociación estima en más
de 11.000 millones de euros la aportación del Estado español a la Iglesia
Católica a través de subvenciones directas y exención de tributos. Una cantidad
que supondría más del 1 por ciento del Producto Interior Bruto del país y una
“cuota” por persona y año de 260 años.
Asimismo, Europa Laica asevera
que “el culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las
organizaciones a su servicio, deberían estar financiadas, exclusivamente y de
forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sientan atraídas por esa
doctrina.
Durante la presentación de esta
campaña, Delgado también se ha referido al viaje del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, a Roma para tener una audiencia con el Papa Francisco. En este
punto, ha augurado un compromiso de Rajoy “para no tocar los acuerdos con la
Santa Sede” y “para modificar leyes –como la del aborto– que se han aprobado de
forma democrática”. Además, ha advertido de que “las religiones son las muletas
en las que se apoyan los gobernantes cuando no saben qué hacer” y que
constituyen un “apoyo” a la hora de llevar a cabo ciertas “políticas
controvertidas”.
Por último, Delgado ha aludido a
la campaña que Europa Laica desarrolla contra las inmatriculaciones de la
Iglesia, reclamando la modificación de la Ley Hipotecaria de forma que “se
prohíba a la Iglesia usurpar bienes públicos”. En concreto, se ha referido a la
“apropiación” en el año 2006 de la Mezquita de Córdoba y ha exigido su
devolución para convertirlo en un espacio cultural de uso civil.
EXTREMADURA PROGRESISTA
