JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2013
MICAELA NAVARRO
La instantánea de un día cualquiera, en
cualquier centro de Servicios Sociales Comunitarios, en cualquier localidad de
Andalucía, nos muestra a profesionales no dan a basto atendiendo a las personas
más vulnerables, luchando contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Y
es que los efectos de esta crisis comienzan a ser devastadores. Desgraciadamente,
la brecha entre pobres y ricos es más grande.
Decisiones políticas como la
subida del IRPF, la del IVA, los recortes en políticas sociales, el copago de
medicamentos, el abaratamiento del despido o la no revalorización de las
pensiones por parte del Gobierno de España, unido a las alarmantes cifra de
desempleo, dejan tras de sí a una sociedad herida, con mayores cotas de
desigualdad y con un Estado del Bienestar en fase de desmontaje. Una realidad
que está situando a un gran número de personas al borde de la pobreza, y lo que
es peor, están apareciendo múltiples formas de exclusión social.
Cuando intentamos medir la
pobreza, lo primero que hemos de decir es que abordamos una tarea compleja,
para la que no existe una metodología única. Se trata de cuantificar y
caracterizar los hogares pobres y excluidos previa definición de qué hogares
deben considerarse como tales. Para posteriormente estratificarlos, según la
intensidad de las carencias; obviamente, no es lo mismo carecer de nevera que de
agua corriente, o que de un techo donde guarecerse, y sin embargo, los tres son
signos de pobreza.
El paso siguiente es determinar
los “cómos y los porqués” del inicio y evolución de las diversas tipologías de
exclusión social para instrumentar las oportunas políticas de intervención y de
prevención. Y estas respuestas son diferentes según el gobierno responsable. Y
no todos son iguales ni proponen salidas y actuaciones semejantes. Pero ante
todo no debemos olvidar que, detrás de cada cifra, hay personas con rostro,
personas con nombres y apellidos, a los que la falta de oportunidades les
impide poder disfrutar de los derechos básicos. Y ello crea una sociedad a dos
velocidades, donde hay ciudadanía de primera y de segunda, donde corremos el
riesgo, si no impedimos este aluvión de recortes, que la caridad se sitúe por
encima de los derechos. Y la solución nunca debe ser la caridad, la solución
siempre debe ser por justicia.
Según Cáritas, en un informe
recientemente elaborado con datos de Instituto Nacional de estadística (INE),
casi un tercio de la población andaluza (un 31,69%) vive por debajo del umbral
de la pobreza. Y la peor cara de todo ello es la infancia, la más afectada por
la virulencia de la crisis, donde más de uno de cada tres niños están en riesgo
de pobreza. Y esto es muy grave. No sólo en el presente, sino porque también
condiciona el futuro de este país, porque un niño o una niña que se cría en un
entorno de pobreza tiene más limitaciones para alcanzar sus metas, sobre todo
si aquello que seguimos conociendo como “lo público” dejara de existir. También
sabemos que el rendimiento escolar está muy ligado a las características
socioeconómicas de los estudiantes y las estudiantes, y si ante ello la
respuesta es subir las tasas universitarias o reducir las becas, se están
poniendo serias trabas en el camino para apostar por el futuro. Y el futuro
pasa por apostar por la educación, la innovación y la investigación. Además hay
que hacerlo desde la igualdad de oportunidades, porque no podemos permitirnos
prescindir del nuevo talento en función de un simple criterio de renta.
Hoy hay familias que se ven en una situación
que jamás hubieran imaginado. Familias que antes fueron solidarias, a través de
sus impuestos, para que otras familias, con más necesidades vivieran mejor.
Pero hoy son ellas las que necesitan de esta solidaridad. Y hay que empezar por
el empleo, por un gran pacto por el empleo como se ha hecho en Andalucía,
apostando por un modelo económico que no se base en la pérdida de derechos laborales.
Pero, además, se necesitan políticas a corto
plazo, de carácter social, traducidas en ayudas para que sus hijos e hijas
estudien, para que sean atendidos ante la enfermedad, para poder cuidar a sus
mayores…y todo ello en función de lo que necesitan, no de los ingresos.
Andalucía ha apostado por ello. El plan Extraordinario de Acción Social, el
Plan de Solidaridad Alimentaria o el Decreto-Ley de medidas para asegurar el
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, son claros ejemplos de que no
es cuestión de cuánto dinero público se tenga, sino de dónde inviertes el
dinero que administras. No, no somos lo mismo.
Micaela Navarro es diputada del
PSOE-A en el Parlamento Andaluz.
@Micaela_Navarro
DIARIO PROGRESISTA
