19 de febrero de 2013
En estos días hemos
asistido a la explosión del caso Bárcenas, la trama de corrupción desvelada
desde las páginas de El Mundo y El País, en la que se apoyaba la supuesta
financiación ilegal del PP en los últimos veinte años, así como el cobro de
sobresueldos de dinero negro procedente de empresarios, especialmente
contratistas, por parte de miembros de la más alta dirección del partido,
incluido el presidente del gobierno Mariano Rajoy.
Todo esto se desprende de los ya famosos
papeles de Luis Bárcenas (el que fuera tesorero del PP durante 18 años hasta su
implicación en el caso Gürtel) filtrados a la prensa, en los que se recoge la
supuesta contabilidad “B” del PP. La
veracidad de estos documentos cobra mayor fuerza cuando algunos dirigentes del
PP, como García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza han
reconocido como ciertos los apuntes contables en los que aparece su nombre.
Pero, ¿es el caso Bárcenas un hecho aislado, o refleja algo más sobre lo que la
corrupción representa dentro del
funcionamiento habitual del sistema capitalista?
Poder económico y poder político; dos caras de
la misma moneda.-
En su libro El imperialismo, fase superior del
capitalismo, Lenin aborda un hecho incuestionable a la luz de la crisis actual,
que el Estado capitalista y los gobiernos representan directamente los
intereses de los grandes monopolios económicos, en los que el capital
industrial se encuentra totalmente fusionado con el capital financiero. Lenin
recurre a una cita del economista alemán Jeidens para subrayar esta verdad: “la
unión personal de los bancos y la industria se completa con la unión personal
de ambos con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración son
confiados voluntariamente a personalidades de renombre así como a algunos
funcionarios del Estado, los cuales pueden proporcionar no pocas facilidades en
las relaciones con las autoridades…”.
Basta observar la
carrera profesional de la mayoría de los miembros más destacados de los
distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, tanto
socialdemócratas como de derechas, para evidenciar los vínculos directos entre
el poder económico y el político. Personas que, cuando terminan sus servicios
en el aparato del Estado, pasan a ocupar posiciones de mando en las grandes
empresas privadas, revelando la fusión completa del aparato estatal con los
grandes monopolios. Algunos ejemplos procedentes de las filas socialdemócratas
son: Felipe González en Gas Natural, Javier Solana en Acciona, Elena Salgado y
Pedro Solbes en Endesa. Por parte del Partido Popular, igual: José María Aznar
en Endesa, Ángel Acebes en Iberdrola, Ana Palacio en HC Energía, Eduardo
Zaplana y Rodrigo Rato en Telefónica… Una lista que asciende a centenares de
nombres
Las empresas dominan a través de sus
testaferros.-
Volviendo al caso Bárcenas, los papeles hechos
públicos hasta ahora señalan que hasta 7,5 millones de euros fueron entregados
al PP en donativos de empresarios. Echando un vistazo rápido podemos ver, por
ejemplo, la relación directa entre los donantes que aparecen y las concesiones
para la construcción de hospitales, encargados por los gobiernos del PP a
distintas constructoras. En esta lista de donantes aparecen, entre otros, Luis
de Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehermoso; Juan Miguel
Villar Mir, ministro durante el franquismo y actual presidente de la
constructora OHL; o José Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, el que
fuera ministro de Interior en el gobierno de Aznar, y presidente de FCC. Estos
tres donantes aportaron, según los recibos encontrados, 1.075.000 euros; sin
embargo, los cobros que estos tres donantes obtuvieron de canon por las
concesiones hospitalarias que lograron a treinta años, ascienden a 1.767,6
millones de euros. En total, las constructoras reseñadas en la lista Bárcenas
tenían al menos ¡¡6.600 millones de euros en obra pública en los años de las
donaciones!!
Lo que el caso Bárcenas
pone sobre la mesa es precisamente ese saqueo constante de las arcas públicas
por parte de multinacionales que imponen su poder económico utilizando el poder
político como brazo ejecutor. Lo que en esta ocasión aparece como un escándalo
“ilegal”, es lo que “legalmente” se produce un día tras otro dando lugar a
negocios espectaculares de las grandes empresas con los administradores del
dinero público a través, por ejemplo, de la privatización de la sanidad y la
educación pública, del pago de cientos de miles de millones de euros en el pago
de intereses de la deuda, o, simplemente de la licitación de miles de concursos
a empresas privadas de todo tipo.
Los testaferros del capital en el gobierno, en
todo caso, actúan ahora con mayor impunidad si cabe. Lo ocurrido con el
exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, que dimitía
recientemente como consejero de Unilabs, la empresa que bajo su mandato
consiguió la gestión de los análisis clínicos de Madrid tras la privatización,
impulsada por él mismo, de dicho servicio, es un claro ejemplo. Igual que las decisiones
políticas de privatización de hospitales en Madrid o Castilla- La Mancha,
adoptadas por Ignacio González y Cospedal respectivamente, que pueden hacer
ingresar a la multinacional CAPIO, primer operador privado de la salud pública
española y cuyos beneficios provienen ya en un 70% de dinero público de las
CCAA, la friolera de 400 millones de euros anuales.
¿Se puede regenerar “democráticamente” el
Estado capitalista?
Marx y Engels se refieren en El Manifiesto
Comunista al gobierno del Estado como
“una junta que administra los negocios comunes de toda la clase
burguesa”. Los grandes bancos y los monopolios tienen lazos muy estrechos con
los gobiernos nacionales y están íntimamente relacionados con el Estado que los
protege, subvenciona y les proporciona importantes mercados para sus productos.
Los últimos casos de
corrupción no hacen más que desnudar esta realidad que la burguesía intenta que
pase totalmente desa-percibida, para así salvaguardar de forma más eficaz sus
intereses como clase. A la burguesía le gusta parapetarse en instituciones con
apariencia neutral, pero escándalos como el del Caso Nóos y la reciente
imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por su
presunta implicación en la trama liderada por Iñaki Urdangarín y Diego Torres,
a través de la cual captaban y posteriormente desviaban fondos públicos, llaman
la atención sobre lo que realmente representan las instituciones fundamentales
del Estado para la defensa de los intereses del capital, y su entrelazamiento
completo.
Este carácter de clase del Estado es el que
convierte en imposible que, lo que viene siendo una parte inherente del
funcionamiento del capitalismo, se pueda solventar con “medidas de control” que
puedan tomar las propias instituciones capitalistas. Parlamento, órganos
judiciales… De hecho, el famoso Tribunal de Cuentas, mencionado hasta la
saciedad por los miembros del PP en las últimas semanas para así tratar de
justificar que su contabilidad se ajusta a la ley, está formado por consejeros
designados por los propios partidos políticos y especialmente por aquel que
cuenta con la mayoría en el Parlamento. Así se entiende que, entre los miembros
de este “alto” Tribunal figure Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar.
Pero por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas analiza las finanzas de los
partidos a cinco años, ¡y los delitos prescriben a los cuatro años! El propio
Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal
de Cuentas, ¡aparece como donante del PP en las notas contables de Bárcenas!
Otro tanto sucede con la llamada Ley de
incompatibilidades, que obliga a los miembros del gobierno y los altos cargos
de la administración del Estado a hacer públicos sus bienes y patrimonio, exige
dedicación exclusiva al cargo político, y establece limitaciones patrimoniales;
pero los límites de esta Ley son evidentes partiendo de la base de que se
acepta que se tengan intereses privados en el sector vinculado a su cargo
público, y que además la declaración de bienes y patrimonio tiene el carácter
de voluntario en el caso de las parejas o cónyuges.
No falta tampoco quien desde la derecha,
concretamente Cospedal, propone demagógicamente que los parlamentarios no
tengan salario y vivan de su actividad profesional. Esto lo dice la misma Mª
Dolores de Cospedal que cobra al año 240.000 euros por ser secretaria general
del PP y por ser presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Que nadie se lleve a
engaño. Detrás de estas propuestas está el intento de hacer de la
representación política un coto exclusivo de las élites, como sucedía en la
España del siglo XIX, en la que solo los grandes propietarios podían ser
electos parlamentarios o concejales. Y es esto precisamente lo que, de una u
otra forma, la derecha pretende, vetar la política a la clase trabajadora y garantizar
de hecho el poder para quienes controlan la economía de manera más directa,
como sucede en EEUU, donde con la medida aparentemente democrática de que las
donaciones para las campañas electorales son públicas, se ha legalizado de
hecho la presión de los lobbys que financian con cantidades multimillonarias a
los dos grandes partidos.
La única manera de luchar contra la dictadura
del capital financiero y su dominio de la política, contra la podredumbre de
las instituciones y la corrupción generalizada, no es apelando a una supuesta
“regeneración democrática” impulsada, parece ser, por los mismos partidos que
aceptan a pies juntillas las reglas del capitalismo. La vía es otra: luchar de
manera consciente y organizada para acabar con el poder de los grandes
monopolios, expropiando a la banca, a las multinacionales, poniendo las
palancas fundamentales de la economía bajo el control democrático de la mayoría
de la población; y poner fin a una representación política que es un fraude
antidemocrático, sustituyéndola por la democracia directa, socialista, en la
que todos nuestros diputados y concejales sean elegibles y revocables en todo
momento, y en la que ningún representante pueda tener un salario mayor al
salario medio de un trabajador. El ser social determina la conciencia, y no se
puede defender ni representar a la clase trabajadora, a la mayoría de la
sociedad, viviendo como un burgués, o siéndolo directamente.
Escrito por Beatriz
García.-
CORRIENTE IZQUIERDA
SOCIALISTA DE MÁLAGA DEL PSOE DE ANDALUCÍA
