Dominio Público
Opinión a fondo
18 feb 2013
Joan Benach y Carles
Muntaner
Profesores de salud pública de la Universitat
Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del
Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y
coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en
Venta (Barcelona: Icaria, 2012).
Ilustración de Dave Maki para opensource.com
El actual proceso de contrarreforma neoliberal
de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un
verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a
hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las
consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores”
de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo
defender la sanidad pública?
Tal y como muestran gran número de estudios,
la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados
que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con
y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó
que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los
hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico,
realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La
gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre
todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y
condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de
la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la
sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al
clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo
ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de
pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con
servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media
empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de
pobreza y marginación.
Los principales mercaderes de la sanidad son
el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los
oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que
trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio
es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM
Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados
y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de
miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados
en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e
incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos,
siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes
económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en
prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y
salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la
Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de
2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la
patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad
para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en
el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la
Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y
mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias
médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se
puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del
proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y
consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las
bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en
vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y,
también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del
coste-beneficio, disfrazados de científicos.
Como una mercancía más, la sanidad pública ha
sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico.
Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las
víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”)
diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda,
es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer
creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función
social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes
presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia
fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para
parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y
consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a
su venta, y promover el aseguramiento privado.
Tener una atención sanitaria de calidad no
puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado
públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran
con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no
“el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha
social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante,
son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La
salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.
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