Lunes, 20 de Mayo de 2013 08:08
Cándido Marquesán Millán
Los dirigentes
populares han sabido ganar la batalla de la comunicación. Mensajes pocos,
cortos y repetidos constantemente, para que vayan calando y que nadie los pueda
cuestionar. "Dejamos a ZP la mejor herencia que ha recibido nunca un
presidente en la democracia española". "Nuestro compromiso con
España: empleo, austeridad y transparencia". Sin más detalles. En el
ámbito educativo “la calidad de enseñanza y la libertad de elección de centro
por parte de los padres”, aunque son equívocos, ya que pueden entenderse o
interpretarse en varios sentidos,
cuestión sobre la que fijaré más adelante. Y con la reciente aprobación
del proyecto la LOMCE, los mensajes repetidos machaconamente por todos
dirigentes populares.
¡Qué bien funciona el
argumentario! “Algo hay que hacer, lo que no se
puede hacer es no hacer nada”. “Esta ley corregirá el fracaso escolar,
causa del fuerte desempleo “. “Servirá para
mejorar la empleabilidad”. Todo humo. Todo vaguedades. Aquel español que no sea especialmente
diligente, podría llegar a pensar que una vez puesta en marcha la LOMCE, los
millones de puestos de trabajo surgirán a raudales como en el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces. Está claro que la LOMCE, con su nombre
rimbombante, (ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) sirve para
ocultar otras cuestiones como los 6,2 millones de parados. Además es todo un
ejercicio de cinismo denominar así una ley, cuando se están recortando más de
6.000 millones de euros en la enseñanza pública.
No quiero perder la
ocasión de dedicar unas líneas al ínclito Wert, cuyo nombramiento como ministro
de Educación es todo un ejemplo del interés que la derecha ha tenido y sigue
teniendo por la educación en este país. ¿Cómo pudo ser ministra de Educación
Esperanza Aguirre? Pues lo fue, sin tener el mínimo conocimiento sobre la
materia. Igual es el caso de Wert, pero este además es provocador, maleducado,
prepotente y con actitudes chulescas. Probablemente por eso precisamente ha
sido nombrado. El contraste con el
anterior ministro socialista, Gabilondo no puede ser más manifiesto. Tampoco
puede sorprendernos estas actuaciones de los populares. ¿Cómo pudo ser portavoz
del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez?
Vamos a dejar estas cuestiones, para adentrarnos en la cuestión
educativa.
El proyecto de la
LOMCE, en cuanto a sus planteamientos generales son los lógicos de acuerdo con
su ideología, por lo que solo pueden sorprender a los ingenuos. Siguiendo el
artículo El concepto neoliberal de calidad de la enseñanza: su aplicación en
España (1996-1999) del profesor Antonio
Viñao, para la ideología neoliberal, la de los populares, la educación en
España atraviesa una profunda crisis. No es de cantidad, sino de calidad, de
eficiencia, eficacia y productividad. En la LOMCE la palabra calidad se repite
continuamente. ¿Cómo puede conseguirse una mejora? Mediante la instauración de
un mercado educativo competitivo de los centros que premie, con el éxito en
dicho mercado, a los mejores, y que castigue, con la amenaza de su
desaparición, a los peores.
Desde esta perspectiva
la educación es una mercancía más dentro de un mercado supuestamente libre. Las
propuestas básicas que se deducen de tales supuestos ideológicos son
diferentes. La desestatalización de la educación, las políticas de
privatización y apoyo a las escuelas privadas- la LOMCE se decanta claramente
por la escuela privada concertada- y el establecimiento de un clima de
competitividad entre los centros para que sean los padres, como usuarios, los
que elijan el centro para sus hijos. La evaluación, como un instrumento para la
asignación de recursos en función de los resultados, y el establecimiento de un
ranking público de los centros, a fin de orientar a los padres en sus opciones.
La autonomía de los
centros desplaza la cuestión de la calidad del ámbito político o público al
privado. La calidad corresponde a los profesores, a los padres y, sobre todo, a
la dirección. El director se convierte en un manager o gerente, cuyo éxito se
mide comparando los resultados académicos de su centro con los de otros.
Estas propuestas
políticas suponen dos conceptos de calidad distintos. Uno, es el de la calidad
como satisfacción de los clientes, un concepto que resalta la importancia del
marketing, de la publicidad. Lo único importante es que el cliente se sienta
satisfecho con el producto que recibe. Si el cliente está satisfecho la calidad
es alta, si no lo está, la calidad es baja. La calidad, por tanto, no es algo que
se refiera al producto en sí mismo, sino a una sensación o satisfacción
subjetiva de las personas que demandan el producto en cuestión, en este caso la
educación.
El otro concepto de
calidad como rendimiento académico, resultados o nivel de conocimientos. Y es
justamente este, de índole supuestamente objetiva, el que sirve, para
establecer un ranking de los centros. Este es, además, el concepto de calidad
que está detrás de la tesis del descenso del nivel académico que la nueva
derecha viene planteando reiteradamente en las últimas décadas. Y es esta tesis
la que justifica, para sus promotores, esas intervenciones gubernamentales en
el ámbito del currículum, tan típicas de los gobiernos neoliberales, que
contradicen los principios, asimismo mantenidos de no intervención pública en
los asuntos educativos y autonomía de los centros.
La libertad de elección
de centro docente es otro elemento básico de las políticas educativas
neoliberales. Tiene una audiencia muy amplia no solo entre quienes ya la
ejercen, sino también entre ciertos sectores de la clase media y media-baja a
los que no les basta la escolarización generalizada, sino que buscan una
enseñanza de calidad que les ofrezca la posibilidad de una movilidad social
ascendente para sus hijos, accediendo a determinados centros. Esta libertad,
argumentan sus defensores, favorecerá a las clases y grupos sociales inferiores
que no tienen más remedio, con el sistema de zonificación, que acudir a centros
de baja calidad educativa; les permitirá salir de su entorno y elegir centros
de mayor calidad. Ello favorecerá la igualdad social y hará que los centros con
menos demanda se esfuercen por mejorar ante el peligro de verse sin alumnos.
En la práctica es muy
diferente. El estudio de Elmore y Fuller en las escuelas norteamericanas
concluye: "El incremento de las posibilidades de elección de centro
probablemente incrementará la separación de los alumnos en función de su raza,
clase social y contexto cultural". El de John S. Ambler sobre las
experiencias inglesa, francesa y holandesa llega a unas conclusiones
terminantes: las políticas de libre elección de centro son particularmente
beneficiosas para las clases altas, por ser este el grupo social que más se da
cuenta, que mejor se entera e informa de las oportunidades que surgen, y el que
más se aprovecha de ellas. Además propician las desigualdades sociales
existentes creando nuevas oportunidades para los padres mejor informados que
son los que llevan sus hijos a las mejores escuelas. Para reducir sus efectos
negativos es recomendable implantar programas específicos para informar y
educar a todos los padres.
El recurso a la
elección para mejorar la educación es una tarea compleja, no fácilmente sujeta
al gobierno de principios ideológicos simples. La idea de que la simple
elección producirá milagrosos resultados es muy cuestionable, aunque como
algunos lo tienen todo tan claro no entran en estas cuestiones.
Esta política educativa
de los populares, tal como expone Manuel de Puelles en su extraordinario libro Modernidad,
Republicanismo y Democracia. Una historia de la educación en España
(1898-2008), ha sido y es un plagio milimétrico de la puesta en marcha por la
Nueva Derecha inglesa de tiempos de Margaret Thatcher, en la que confluyen dos
corrientes ideológicas contrapuestas: el neoliberalismo que propugna la
libertad de los mercados a toda costa y el neoconservadurismo que ante los
problemas actuales apela a la tradición y a los viejos valores.
En educación, el
neoliberalismo apuesta por la libertad de elección de centro, el cheque escolar
y la privatización de la educación como hemos comentado anteriormente,
"adelgazando" para ello al Estado; el neoconservadurismo considera,
sin embargo, que la educación es demasiado importante para dejarla en manos del
mercado, reclamando, por tanto, un Estado fuerte capaz de restaurar los viejos
valores de la religión, familia, patria, etc., considerados desde la óptica más
tradicional. Siguiendo con Manuel de Puelles, en la primera legislatura de
Aznar, siendo la titular de Educación Esperanza Aguirre, predominó el
neoliberalismo al introducir el mercado en la educación y con una tendencia a
la privatización, que al no poderse llevar a cabo completamente se implantó le
gestión privada en el ámbito de lo público, aunque también hubo un conato
neoconservador con el fracasado Decreto de Humanidades, que pretendía una
visión españolista de la historia.
En la segunda la del
neoconservadurismo, siguiendo el modelo de la ley de educación inglesa de 1988
se aprobó sin consenso la LOCE de 2002, en la que la educación preescolar era
asistencial, la primaria era preparación de la ESO, en esta unos itinerarios
discriminatorios; la obsesión por el rendimiento escolar, considerado
exclusivamente por los conocimientos, y una prueba general al final del
bachillerato, recordaban una concepción tradicional de la enseñanza; y la
inserción obligatoria de la religión confesional, junto con una versión no
confesional desde la primaria hasta el bachillerato. Las semejanzas con la
LOMCE son claras. Antonio Viñao calificó la política educativa de estos 8 años
como "neoliberalismo a la española", un neoliberalismo con un doble
componente confesional-católico y nacional-españolista.
Otro aspecto claro de
la LOMCE es que se hacen extraordinarias concesiones a la Conferencia
Episcopal, asignando un papel destacado
de la asignatura de la Religión cuya nota sirve para becas, y repetición de
curso, como el resto de materias, y la eliminación de Educación para la
Ciudadanía. Nada nuevo bajo el sol. La derecha española, nada laica y sí muy
confesional por vocación, ha apoyado siempre a la escuela privada confesional
entre otras razones porque también ha recibido y recibe el apoyo ideológico de
esta, donde se adoctrinan a los alumnos de acuerdo con una visión tradicional
de la religión, familia, patria, etc.
Aquellos que hemos
impartido clases en centros privados y públicos conocemos cuán diferente es la
educación impartida a la hora de transmitir unos determinados valores en un
instituto o colegio público que en un centro privado confesionalmente católico.
Y es así porque la selección del profesorado público, en unas oposiciones
competitivas, es mucho más transparente que en los centros privados, donde es
la dirección quien la realiza con criterios arbitrarios: el haber sido antiguo
alumno, la amistad de algún miembro del APA. Esta circunstancia mediatiza la libertad
de cátedra del profesorado.
El hacer estas
concesiones a la Conferencia Episcopal es altamente peligroso, además de
cuestionable constitucionalmente, para el buen funcionamiento de un sistema
democrático, porque la iglesia católica ha sido y es una institución reñida con
un régimen de libertades. Conviene
recordar que ha sido una constante histórica en España la intransigencia de la
jerarquía católica, que ha imposibilitado el equipararnos a un país moderno,
como es un Estado laico. Ella ha sido la que impedido hasta fechas
relativamente recientes la presencia entre nosotros de otras confesiones
religiosas. Por ello, ha llegado a calar en amplios sectores de la sociedad
española, acríticos y desconocedores de nuestra historia, que una de nuestras características
esenciales es la catolicidad.
Al respecto, cabe
mencionar que otras opciones religiosas, como la musulmana, judía o protestante
fueron arrancadas de cuajo. Obviamente, así, claro que España ha sido católica,
no cabía otra opción. Y en base a tal circunstancia, las jerarquías católicas
se han creído y lo creen todavía el tener derecho a imponer determinadas
opciones, no solo religiosas, sino también políticas, morales, sociales y
culturales a toda la sociedad española, cuando en ella amplios sectores tienen
otras creencias religiosas, e incluso prescinden de ellas. Esta costumbre es
multisecular. Y sigue vigente. No cambian. No obstante, conviene recordar la
historia, para entender mejor el presente.
En 1788 el Santo Oficio
incautó todos los ejemplares de la Encyclopédie Methodique, donde apareció el
artículo Espagne, de Masson de Morvilliers en el que se decía "El español
tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá
sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que
necesita permiso de un fraile para leer y pensar?"
Siglo y medio después,
el 8 de octubre de 1931, en las Cortes de la II República en el debate sobre la
"cuestión religiosa" y la enseñanza, Fernando de los Ríos, el entonces
ministro de Justicia con un profundo dolor terminó su impresionante discurso,
cuya lectura a cualquier cristiano, otra cosa es si es católico, le debería
estremecer "Y ahora perdonadme, señores Diputados, que me dirija a los
católicos de la cámara. Llegamos a esta hora, profunda para la historia
española, nosotros los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de
desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene así desde las honduras del
siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de
aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos.
Venimos aquí con una
flecha clavada en el fondo del alma, y esa flecha es el rencor que ha suscitado
la Iglesia por haber vivido durante siglos confundida con la Monarquía y
haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones: no ha respetado
ni nuestras personas ni nuestro honor; nada, absolutamente nada ha respetado;
incluso en la hora suprema de dolor, en el momento de la muerte, nos ha separado
de nuestros padres".
Durante la dictadura
franquista se implantó el nacionalcatolicismo. La religión católica fue
obligatoria en primaria, en el bachillerato y hasta en la Universidad. Una vez
instaurada la "democracia", la jerarquía católica ha defendido
siempre que la religión católica se impartiera en los centros educativos
públicos. Ella nombra los profesores de religión, aunque los paga el Estado, y
si por alguna razón, como el haberse divorciado, pierden la confianza de la
autoridades eclesiásticas, estas los cesan. El despedido reclama lógicamente,
la Magistratura de Trabajo le da la razón al ser un despido improcedente, y la
correspondiente indemnización la asume el Estado. Alucinante. Mas no tienen
bastante. Además exigen para que la enseñanza de la religión católica no pierda
su carácter de disciplina fundamental que los alumnos que no deseen recibirla
tengan una opción alternativa, prescriptiva, evaluable y computable, que tiene
que impartirla el profesorado público, con su correspondiente costo económico.
Y la Conferencia episcopal acaba de conseguir sus aspiraciones, sin necesidad
de manifestarse en las calles.
El ministerio sin
negociar con los sindicatos representantes del profesorado ni con las
organizaciones de padres, se ha reunido con los obispos para satisfacer sus
deseos, ya que a los alumnos que no quieran religión se les impone en la LOMCE
Valores culturales y sociales en Primaria y Valores éticos en la ESO.
Alucinante. Esta imposición ya viene de lejos. Fue Otero Novas, en 1980, bajo
el gobierno de UCD el ministro que introdujo el régimen de alternativa
obligatoria: la asignatura de Ética, que sería evaluable, como la de religión,
al igual que las demás disciplinas fundamentales. Según Gómez Llorente "Se
rechazaba así, por vez primera, el régimen de pura voluntariedad --aceptar o
rechazar esta enseñanza-- y se afirmaba un estatuto de derechos y deberes
realmente singular que "pasaba a consistir en optar entre ir a la clase de
religión o purgar la heterodoxia cursando otra asignatura, de la que estaría
exento si fuese a la clase de religión". En el año 2000, con el PP se
retornó a la "solución Otero": la religión católica tendría una
alternativa, evaluable y computable. La de --"sociedad, cultura y religión"--.
También al diktat de la
Conferencia Episcopal el Ministerio elimina Educación para la Ciudadanía, que
no vendría mal en estos momentos. Y reafirma los conciertos a aquellos
colegios, especialmente del Opus, que segregan a los alumnos por sexo. La
Historia se repite, ya que unas jerarquías religiosas siguen imponiendo sus
opciones a toda la ciudadanía. Como dice Kolakowski "Estos comportamientos
no son un testimonio de valores cristianos, sino tesis de una jerarquía
totalitaria y neonacionalcatólica.
Por todo lo expuesto,
al gobierno de los populares se le podrá acusar de muchos pecados, pero no de
incoherencia. Hacen lo que realmente piensan, aunque a veces lo oculten por
razones electorales.
EXTREMADURA PROGRESISTA
