VIERNES, 24 DE MAYO DE 2013
MANUEL A. JUANES PIERNA
En innumerables ocasiones, hemos
tenido la oportunidad de escuchar a los dirigentes del Partido Popular hacer
referencia a la nefasta herencia que ha recibido el actual gobierno del Sr.
Rajoy de manos del anterior gobierno socialista.
Justifican, gracias a este
argumento, la adopción de decisiones políticas que atentan contra los intereses
de la ciudadanía española y que, además, son del todo irrespetuosas con los
contenidos recogidos en el programa electoral que les llevó a la Moncloa en el
año 2011. ¡Bendita herencia!.
Por otra parte, somos muchos los
españoles que consideramos que ha llegado el momento de que en España se abra
un proceso de reflexión sobre otra herencia. Me refiero al legado recibido -en
forma de texto constitucional- por un buen número de españoles y a los cuales
se les ha negado, de forma sistemática,
cualquier oportunidad de ratificar o revocar el espíritu o el contenido
de la Constitución Española de 1978.
El texto constitucional supone un
legado político y legislativo para todos los españoles, especialmente para
aquellos que hoy en día tenemos menos de 53 años. Me explico. La constitución
se llevó a referéndum en diciembre de 1978 y para poder participar en dicho
plebiscito era necesario tener cumplidos los 18 años –es decir, haber nacido
antes del año 1960-. Este hecho implica, si nos atenemos a datos demográficos a 1 de enero de 2013 (INE,
2013), que un 66% -2 de cada 3 españoles- de las personas que actualmente
componen la sociedad española, no ha tenido oportunidad alguna de refrendar el
sagrado texto constitucional.
La constitución española es
producto de una situación sociopolítica complicada –tres años más tarde, en el
año 1981, España aún sufriría un intento de golpe de estado- y es fruto de ese
gran experimento que fue la transición española a la democracia. Un proceso con
notables éxitos en el corto plazo pero, a mi entender, insuficiente para
afrontar el largo. Su propio nombre lo indica: transición.
El experimento dejó como legado a
todos los españoles un régimen monárquico por pura necesidad; un falso estado
aconfesional donde campa a sus anchas una privilegiada iglesia católica; un
país que renunció a castigar los excesos de la dictadura franquista y de sus
protagonistas, como en el caso del fundador del partido que actualmente
gobierna España, Manuel Fraga Iribarne. Por necesidad. Por puro miedo a sufrir
un nuevo “cuartelazo” que diera al traste con el proceso de construcción
democrático.
Parece evidente que el ansia
democrática permitió ciertas concesiones que, actualmente, son una amenaza para la solidez de nuestro
modelo -de igual forma que la aluminosis debilita la resistencia del hormigón y
pone en peligro la estabilidad de todo un edificio-.
Tanto la transición, como el
actual modelo democrático, es patrimonio de todos los españoles -si bien es cierto que de unos más que de
otros-. De hecho, todos los españoles
disfrutamos de él, aunque también, en ocasiones y en mi caso, es motivo de
padecimiento.
De un tiempo a esta parte, se
aprecia un progresivo desgaste de ciertas instituciones españolas. Por este
motivo, soy de la opinión de que es hora virar el rumbo; de abrir un nuevo
proceso que permita el cambio desde la cultura de la transición a la cultura de
la participación.
Actualmente, la monarquía
española no desempeña la misma función institucional que en el año 1978. A esto
hay que añadir cierto desgaste de la institución como se evidencia en el último
barómetro del CIS, donde la confianza que la institución monárquica despierta
entre los españoles es del 3,68 en una escala del 0 al 10.
La iglesia católica tampoco
despierta demasiada confianza entre la población española; recibe un 3.56 en
una escala del 0 al 10.
¿A qué se debe tan
pobre valoración?
Lógicamente, los presuntos casos
de corrupción en que se ven inmersos
miembros de la casa real y
algunos partidos políticos
españoles han supuesto un importante deterioro en su imagen pública. La
corrupción juega un papel fundamental en el desgaste y descrédito de las
instituciones. La casa real y los
partidos políticos , en mayor o menor medida, se encargan de recordar a los españoles que la diferencia de trato,
la desigualdad y los privilegios perviven en España. Esta realidad escuece.
Indigna. Máxime si tenemos en cuenta como ha librado in extremis la infanta su
imputación por el caso NOOS.
¿En qué lugar quedan ahora las
palabras pronunciadas por el rey en referencia a la igualdad de los españoles
ante la ley? Para la gran mayoría de españoles tan devaluadas como la
institución. Por el contrario, el Partido Popular ha celebrado públicamente la
suspensión de la imputación de la infanta Cristina. En palabras de A. Alonso,
portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la decisión judicial demuestra
que "todos somos iguales ante la ley para lo bueno y para lo malo".
Me sorprende el fervor con que el
PP defiende la constitución española y el estado de derecho. No deja de
resultar fascinante la capacidad que tiene el PP para apropiarse de ambos elementos,
teniendo en cuenta que Alianza Popular -embrión ideológico y orgánico del
actual Partido Popular- contaba en el año 1978 con 9 parlamentarios, de los
cuales 5 votaron en contra, 2 optaron por la abstención y solamente 2 votaron
de forma favorable a la aprobación del texto constitucional.
A tenor de su comportamiento,
parece evidente que el PP no contaba, allá por el año 1978, con que el modelo
constitucional pudiera llegar a convertirse en un marco tan favorable para la
consecución de sus intereses.
En el caso de la iglesia
católica, es innegable la gran capacidad de incidencia que tiene la Conferencia
Episcopal en las decisiones políticas de los gobiernos españoles. Me exaspera
que los gobiernos de un estado, supuestamente aconfesional, no pongan freno a
esa enconada obsesión por imponer al
conjunto de sociedad española cierto tipo de comportamientos, valores y
creencias que, por su naturaleza religiosa, corresponden al ámbito privado de
las personas. La iglesia católica pretende controlar la natalidad y la
mortalidad, la educación, las prácticas sanitarias, las relaciones sexuales, la
naturaleza del matrimonio… ¡Qué contradicción! Empecinados en no dejar vivir,
tan defensores se proclaman de la vida.
Para la consecución de sus
propósitos, la jerarquía católica cuenta con importantes peones dentro del
gobierno popular. Sin ir más lejos, el ministro Gallardón ha adoptado forma de
monje guerrero en la defensa del dogma católico; “por recuperar la cultura de
la vida”, dice el discípulo aventajado de la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe y del señor Fraga Iribarne –que, en ambos casos, de la
cultura de la vida saben bastante-.
Nadie mejor que su padre -José
María Ruíz-Gallardón-, para ilustrarnos sobre el fondo ideológico del hoy ministro
de Justicia: "¿conservador yo?, tendrías que conocer a mi hijo Alberto,
ése sí que es de derechas". Casi nada. Por otra parte, me reservo mis
comentarios en referencia a las palabras del ministro de justicia, J. Fernández
Díaz. Quizá su mensaje -“El aborto tiene algo que ver con ETA”- no sea del todo
disparatado, ya que puede darse el caso de que, en breve, las mujeres españolas
deberán acudir ataviadas con un pasamontañas a las clínicas de control de
embarazo.
Salvando las distancias, ciertos
elementos del panorama actual español me recuerdan aquella certera viñeta
firmada por el genial Andrés Rábago,“El Roto”, y en la cual aparecen dos
personajes –de asombroso parecido al monarca Felipe II y al cardenal
Espinosa- sentados en sendos tronos y
sellando un macabro pacto. Dice el monarca: “para vosotros las almas y para nosotros los
cuerpos”. A lo que el cardenal responde un escueto: “¡Trato hecho!”.
Naturalmente, la situación que
refleja la viñeta del Roto no se ciñe a la realidad. En ella, se echa en falta
al Partido Popular reclamando para sí una parte de los cuerpos: el de las
mujeres. Quizá, el Sr. Gallardón tenga pensado dejar la quema de brujas para la
segunda legislatura.
@Manuel_Juanes
DIARIO PROGRESISTA
