LUNES, 6 DE MAYO DE 2013
VÍCTOR ARROGANTE
Cualquier tipo de pacto requiere: voluntad de
llegar a un acuerdo, en defensa de legítimos intereses contrapuestos; buena fe
negociar, conscientes de que algunos de los postulados quedarán sobre la mesa
para mejor ocasión; margen de maniobra, con propuestas negociables prioritarias
o no; y ser conscientes de que algunas propuestas de la parte contraria, se
conseguirán por el mero hecho de pactar. Un pacto hoy, no sería para conseguir,
sino para no seguir perdiendo.
Se conoce que los sindicatos y
parte de la oposición parlamentaria, están haciendo un llamamiento al gobierno
para que pacte. También el rey está intentando que el gobierno y el principal
partido de la oposición lleguen a un acuerdo. El gobierno, diciendo lo
contrario, está haciendo todo para evitarlo. No se pone en duda la buena fe y
las razones de todos por el pacto, pero no es altruista, cada uno juega para
si.
Algunos proclaman la necesidad de
unos «Pactos de la Moncloa», segunda versión. Aquellos pactos fueron posibles
por las circunstancias excepcionales que concurrían, que no son las de hoy,
pese al desastre nacional actual, provocado por las políticas neoliberales del
gobierno, con el desmantelamiento del Estado social y la eliminación de
derechos. Objetivamente son otras circunstancias históricas, sociales,
económicas, y políticas.
En 1977, España estaba inmersa en una crisis
económica dramática. La justificación de los «Pactos», venía dada por la
gravedad de la situación, aumentada por la crisis del petróleo de 1973;
caracterizada por una persistente y aguda tasa de inflación (47%); un
desarrollo insatisfactorio de la producción, con una fuerte caída de las
inversiones, que generaba unas elevadas cifras de paro (tasa del 7% que
afectaba a 900.000 personas); y un fuerte desequilibrio en los intercambios con
el extranjero (el 66% de la energía era importada). «Estos desequilibrios de la
economía española se producen en un contexto económico internacional en el que
todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica», decía el
documento. Salíamos de una dictadura, el pueblo había aprobado en referéndum su
voluntad de cambio, y se habían celebrado las primeras elecciones generales
después de la oscura noche de cuarenta años para las libertades. La situación
era propicia para comenzar la andadura democrática con un gran «consenso»
político.
Tanto los representantes del
Gobierno de Adolfo Suárez, como los de los diversos partidos políticos con
representación parlamentaria -Felipe González, Santiago Carrillo, Enrique
Tierno Galván, Joan Raventós, Josep Maria Triginer, Manuel Fraga, Juan
Ajuriaguerra, Miguel Roca y Leopoldo Calvo-Sotelo-, manifestaron su unánime
preocupación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente los problemas
en un clima de cooperación responsable que contribuyera «a la consolidación de
la democracia». Para ello, convinieron llevar a cabo dos grupos de acciones:
«las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las
encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y
la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso». Apuntemos lo que
se decía: consolidación de la democracia y encauzar la economía hacia un futuro
de libertad y progreso. Nada tienen que ver aquellos objetivos, con los que
priman en la actualidad.
El gobierno no está por la labor
de un pacto, sino es para legitimar su política o, en su caso, consolidar su
posición hasta las próximas elecciones generales. Tiene claro el objetivo de su
política: destruir el Estado social. En estos momentos en los que la corrupción
acecha al PP, con el caso Bárcenas y la implicación de todos los tesoreros que
han gestionado sus cuentas, no sería extraño que propusieran un pacto
anticorrupción, para mostrar a la opinión pública, su voluntad de atajar esas
delictivas prácticas; todo para salvar su responsabilidad política, incluso
penal.
El interés de la oposición para
el pacto «excepcional contra el paro», no se entiende, sino es para mostrar su
supuesta fuerza y capacidad política, para obligar al gobierno a pactar. Ante
la situación de descrédito de la clase política (se aprecia como el tercer
problema, tras el paro y la economía, según el CIS), todo parece que se hace
con la boca pequeña, ante la convicción de que un pacto no es posible; pero
mostrando a la ciudadanía, que su única voluntad es la defensa de los intereses
generales. Pedir pacto, para descubrir la verdadera voluntad del gobierno y
salvar la cara.
Los sindicatos mayoritarios, a la
vez que denuncian «el fracaso rotundo de las políticas de ajuste que están
imponiendo las instituciones europeas y los gobiernos de los países de la UE»,
reclaman un pacto nacional que saque a España de la recesión. Exigen además un
cambio de rumbo radical en las políticas económicas y sociales, pidiendo un
pacto y diálogo social. Estratégicamente, el pacto y el diálogo son buenas
armas, cuando es limitada la capacidad de fuerza real en la calle y en la
convocatoria de huelgas generales o sectoriales. Se sabe que el pacto no es
posible con este gobierno, sino es cediendo y aceptando la política antisocial,
como hechos consumados. Y contra la injusticia, no cabe pacto, sino
contestación.
El Rey ha mostrado su deseo de
propiciar «pactos, acuerdos y consensos» entre las instituciones, para afrontar
el dramático panorama económico de España. El rey quiere dar por cerrada la
crisis que amenaza a la monarquía y pretende jugar un papel parecido al que
protagonizó durante la «Transición». Para el rey, como siempre ha demostrado,
salvar la monarquía está por encima de todos lo demás intereses. En estos
momentos en los que la ciudadanía sanciona a la monarquía con un suspenso (un
3,68 en una escala de 10 según el CIS), mostrarse como árbitro y moderador ante
la ciudadanía, alejado de las «luchas partidistas», le daría un prestigio, que
ya no tiene, perdido por sus actividades oscuras y poco dignas, para seguir en
el trono y continuar con el trágala monárquico.
Algunos entendemos que el tiempo
de los pactos ha pasado. Un pacto de Estado como el que pretende algunos, sería
viable, si se iniciara frente a un papel en blanco y se fuera rellenando con
las legítimas propuestas de las partes; que recogieran los verdaderos intereses
y necesidades de la ciudadanía, representados o no por los partidos políticos,
así como por los agentes sindicales, económicos y sociales: todos con la misma
representatividad y en igualdad de condiciones. No hay un clamor en España para
que todos juntos encontremos una salida urgente a la situación. Si acaso, un
clamor para que Rajoy dimita; y en eso se deberían dedicar todas las fuerzas.
Pero el Sistema le protege.
Cuando un edificio se tambalea,
precisa o derribo o reforma integral de su estructura. Un pacto de Estado hoy,
pasa ineludiblemente por la dimisión del gobierno y la convocatoria de
elecciones generales constituyentes: reformar la Constitución; referéndum sobre
el modelo político; equiparar los derechos sociales con los derechos
fundamentales, blindados con las mismas garantías, contra la destrucción del
Estado social; reforma del estado de las autonomías, hacia el Estado federal; modelar
un estado auténticamente laico, con la separación real y efectiva con cualquier
iglesia o confesión religiosa; así como cambiar el procedimiento electoral, que
equipare la representación parlamentaria a los votos directos obtenidos.
Ya no es posible un pacto. Cualquiera que
fuera, vendría a legitimar las políticas injustas del gobierno y el modelo que
está implantando. Un pacto solo es aceptable, si conlleva la derogación de
todas las normas que el gobierno de Rajoy ha implantado, abusando de su mayoría
absoluta. Un pacto debe restituir los derechos sociales y laborales eliminados
y hacer posible que los servicios públicos esenciales que ha privatizado,
vuelvan a ser públicos y al único servicio de la ciudadanía.
@caval100
DIARIO PROGRESISTA
