18 de junio de 2013
Escrito por Mónica Iglesias (Asturias)
En estos días se ha hecho público el informe definitivo que el “grupo
de sabios” designado por el Gobierno ha elaborado sobre la reforma de las
pensiones. En él se dibuja un escenario catastrofista sobre la inviabilidad del
actual sistema, para justificar mejor su desmantelamiento.
Un simple vistazo a este “comité” muestra claramente que, bajo la falsa
apariencia de objetividad se esconden los voceros de las grandes patronales
privadas, de la banca y de la burguesía en general (ver la lista en la nota que
publicamos después del artículo). No es casualidad que el presidente del comité
sea el catedrático Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha
colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el discurso
ideológico del PP, ni que ocho de los doce miembros estén directamente a sueldo
de las compañías de seguros o de la banca. En su informe, el comité de expertos
reconoce oportunamente que sus medidas provocarían “una reducción significativa
de la pensión media sobre el salario medio". Para evitarlo, plantean
complementar la prestación con ingresos procedentes del ahorro privado.
Frente a estas evidencias de los intereses que se ocultan tras la
pretendida “objetividad” de los expertos, el representante de CCOO, Miguel
Ángel García, ha sembrado la indignación en el sindicato, al votar también a
favor del informe, provocando una oleada de peticiones de expulsión por su
actitud.
Tán sólo Santos Ruesgo, por UGT, ha votado en contra, y ha denunciado que "avanzamos hacia un modelo con pensionistas de primera y segunda clase".
¿Cuáles son las medidas que proponen y porqué?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, no sólo este último
informe, sino todos los representantes de la burguesía en todas las
instituciones, medios de comunicación, etc. repiten interesadamente la idea de
que el sistema de pensiones no se puede sostener, argumentando que cada vez hay
más jubilados y que estos viven más años, mientras el número de trabajadores en
activo disminuye.
Sin embargo, quienes defienden este argumento ocultan el hecho de la
enorme productividad que tiene el trabajo, que permite que los trabajadores
produzcan, en conjunto, mucha más riqueza de la que se necesita para garantizar
su propia subsistencia y la de su familia. Otra cuestión es quien se apropia
individualmente de esa riqueza social que crea la clase obrera con su sudor.
Así pues, como en el resto de cuestiones sociales, no estamos hablando de una
cuestión de recursos, sino de su distribución. Por supuesto, nada de esto se dice
cuando se habla del “futuro de las pensiones”.
Al contrario, se pretende que el sistema debe ser viable atendiendo
exclusivamente a la relación entre el dinero que entra en la Seguridad Social a
través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y el que sale
para pagar las pensiones. Y con ese argumento perverso se pretende que la única
solución es por tanto “trabajar más y cobrar menos”.
De esta forma, todas las medidas propuestas por el “comité de sabios”
van orientadas a conseguir ese objetivo. Bajo complicadas fórmulas matemáticas
e ininteligibles explicaciones “técnicas”, el voluminoso informe de los
“sabios” puede resumirse en dos cuestiones muy concretas:
- Disminuir la cuantía de la pensión en proporción al aumento de la esperanza
de vida (o sea que, como vivimos más años, estamos condenados a vivirlos
miserablemente)
- Dejar de ligar las pensiones al IPC, es decir, que ya no suban de
acuerdo al coste de la vida. La comisión recomienda que esto comience a
aplicarse a los pensionistas actuales, lo que supondría un empobrecimiento
general en pocos años.
Estas dos medidas, sumadas al impacto de la reforma de Zapatero de 2011
que alargaba la edad de jubilación, supondrán la miseria para millones de
trabajadores en los próximos años, pero permitirán hacer un negocio redondo a
los planes de pensiones privadoS (1). Como señala Ruesgo: "Los que hayan
podido ahorrar durante su vida laboral, y los que hayan invertido en fondos de
pensiones privados, podrán compensar la pensión del sistema público y vivirán
razonablemente. Pero ¿quién puede ahorrar? Los que más ganan. El resto, que serán la mayoría,
con unos niveles salariales medios, tendrán que arreglarse con una pensión raquítica".
Frente a esto, no hay margen para la pasividad sindical.
Un ataque de esta naturaleza cuestiona un derecho vital para los
trabajadores, pretendiendo arrebatarnos de un plumazo la posibilidad de tener
una vejez digna. Sin embargo, el coro que reclama un día sí y otro también
liquidar el sistema de pensiones (aunque pretenda encubrir sus intenciones
hablando de la “sostenibilidad” etc.), no encuentra una respuesta contundente
por parte de las izquierda, ni de las organizaciones sindicales. Todo lo
contrario, tanto la dirección de CCOO como la de UGT han asumido completamente
el discurso de la burguesía, renunciando a defender radicalmente los derechos
de los trabajadores, lo que les llevó a firmar la última contrarreforma de las
pensiones, impulsada por el gobierno de Zapatero, o a que CCOO proponga ahora
un incremento de las cotizaciones sociales (incluidas las de los trabajadores)
para incrementar los recursos de la SS.
Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos
trabajadores ha sido la postura del representante de CCOO en este último comité
de expertos, votando a favor de un ataque de dimensiones históricas. Ante el
escándalo mayúsculo, desde la dirección del sindicato se ha hecho pública una
resolución que, aun cuando se desmarca del citado informe, en absoluto está a
la altura de lo que esperamos los afiliados, ni en la contundencia a la hora de
condenar esta actitud y tomar las medidas pertinentes, ni en cuanto a la
crítica al propio informe.
De hecho, en la resolución se justifica la presencia de CCOO en tal
comisión basándose en las “mejoras” que su representante ha podido incorporar
al documento final: “…su participación ha permitido que se abandonase la idea
inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema de reparto,
que se plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de
la mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la
política una vez activada la negociación en la comisión parlamentaria conocida
como Pacto de Toledo (…) No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la
Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la
participación de una persona asociada al sindicato en una comisión
profundamente desequilibrada” (énfasis nuestro).
Además, frente a las medidas propuestas, desde CCOO no se “rechaza”,
sino que se “cuestiona” la idoneidad de desligar las pensiones del IRPF o de
rebajar su cuantía en función de la esperanza de vida (2) Es decir, en lugar de lanzar un mensaje de
que vamos a combatir este atropello, se nos prepara para un intercambio de
opiniones en la mesa de negociación, a fin de conseguir un acuerdo al precio
que sea. Así se recoge en la edición especial de la Gaceta Sindical de este mes:
“CCOO cree que lo fundamental es que las reformas estructurales del sistema
público de pensiones se construyan sobre el mayor consenso posible, lo que debe
alcanzarse, en el plano político, en el marco del Pacto de Toledo y en el
social a través del diálogo con empresarios y sindicatos.”
El pacto solo es posible sobre el cadáver de las conquistas históricas
del movimiento obrero.
A la luz de estas declaraciones, la afirmación de Toxo de que “no
estamos dispuestos a avalar una reforma de las pensiones que suponga bajadas
para las pensiones presentes y futuras” inspira muy poca confianza, por más que
insista en que no se sienten vinculados con el informe. De hecho, es imposible
evitar un retroceso en las pensiones si no es con la lucha y la movilización
más profunda y masiva, pues el gobierno está decidido a enjugar una parte
sustancial del déficit a costa del dinero de los pensionistas. Por eso tienen
tanta urgencia y se niegan a recurrir al fondo de reserva, pues automáticamente
esto computaría como déficit.
Teniendo esto en cuenta, ¿a qué tipo de pacto se puede llegar con el
gobierno y la patronal deseosa de hacer negocio con las pensiones? A ninguno
que no tenga como consecuencia trasladar el peso de la crisis a las espaldas de
los trabajadores. En esta situación, es imposible obtener ningún éxito en la
mesa de negociación. Aún más, esta actitud pactista de las direcciones
sindicales solamente beneficia a la burguesía, que de esta forma intenta
trasladar la imagen de que “todos estamos en el mismo barco” y minar la
resistencia de los trabajadores ante los ataques.
Por el contrario, la realidad es muy distinta. Lo estamos viendo en
relación a absolutamente todas y cada una de las conquistas de la clase obrera:
los derechos laborales, la sanidad, la educación, los servicios sociales… una
ofensiva total a nuestras condiciones de vida. Los trabajadores intentan una y
otra vez oponerse a ella con todas sus fuerzas: luchas en la sanidad, la
industria, la educación, etc que ilustran claramente esta afirmación.
En contraste, la política de las direcciones sindicales es la de
dividir, parcelar, atomizar la fuerza del movimiento en centenares de
movilizaciones parciales, sectoriales, locales… Lejos de esto lo que
necesitamos es unir toda esta fuerza en un gran movimiento que refleje la
verdadera correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Para ello, la huelga
general es el camino. Pero una huelga general que no sea una simple fecha en el
calendario para soltar presión y poco más, sino una huelga general que defina
claramente sus reivindicaciones (la retirada de todas las reformas del
gobierno: laboral, sanitaria, educativa, etc) y que se plantee seriamente
conseguirlas. Si el gobierno continúa desoyendo a los trabajadores, la huelga
debe extenderse, endurecerse, planteándose la ocupación de los centros de
trabajo, de estudio, en definitiva, romper con la actual dinámica sindical para
abordar con firmeza y determinación la defensa de nuestro futuro, de nuestras
familias y de nuestras vidas.
¿Quiénes forman el Comité de
Expertos?.
De los 12 miembros, 8 cobran de la
banca y las grandes aseguradoras.
Víctor Pérez-Díaz.
Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Ha formado parte
de los consejos asesores de empresas como Repsol, Fundación Caixa Galicia y
Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.
Rafael Doménech.
Es el actual Jefe de Estudios del BBVA,
y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que
aboga por ampliar la edad de jubilación.
Miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva
sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones
privados
Manuel Lagares Calvo.
Fue subsecretario de Estado de Economía
en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez. También fue consejero
independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo
editorial de El Mundo.
Mercedes Ayuso:
Miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter,
IREA-UB).
Francisco Castellano
Real. Jefe de la asesoría
fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).
José Ignacio
Conde-Ruiz. Es subdirector de
la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes
bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la
Fundación Ramón Areces).
José María Marín
Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la
Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados
financieros.
José Enrique Devesa
Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la
Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y
Vida, que reúne a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.
Miguel Ángel Vázquez Burgos.
Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde
actualmente es director de Análisis y Estudios.
NOTAS
[1] España es uno de los países europeos con un menor
porcentaje de planes y fondos de pensiones. Unos planes que, por otro lado,
viven sus horas más bajas a consecuencia de la crisis. En 2012 solo se realizaron aportaciones por
valor de 58 millones de euros, el dato más bajo de los últimos 25 años.
[2] “En consecuencia, desde el compromiso con el sistema de
pensiones y la necesidad de adaptar el mismo de forma consensuada a las
necesidades que presenta, cuestionamos que se tenga que introducir, sin
respetar los términos contemplados en la legislación vigente, un nuevo elemento
para el cálculo de la pensión y que este esté asociado a la “esperanza de
vida”. Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones deje de
estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin efectos la Ley que
contempla el citado principio” Gaceta Sindical, edición especial Junio 2
