LUNES, 3 DE JUNIO DE 2013
VÍCTOR ARROGANTE
Con la proclamación de
la República en abril de 1931 y la celebración de elecciones legislativas, se
inicia un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado
democráticamente por las elecciones y la Constitución. Fue entonces cuando se acometieron
las reformas que iban a modernizar las estructuras de la sociedad española. Los
«intereses creados» de la derecha no lo permitieron; primero con las
contrarreformas abordadas, después con un golpe de estado, la guerra y la
dictadura.
El programa de la
coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social o
reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de
Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra;
reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los
servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y
órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército
sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la Constitución, que
renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
La reforma agraria era
imprescindible si se quería acabar con el hambre y el atraso histórico. Los
campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e injusticias.
Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas
condiciones de vida, escasa alimentación, y jornadas de sol a sol. Los dueños
de la tierra, grandes latifundistas, además de caciques señoritos, no entendían
ni de gastos, ni de inversiones y no eran partidarios de la modernización del
campo.
El gobierno, con la
pretensión de asentar a los campesinos en las tierras sin cultivar, realizó un
reparto, decretando el laboreo forzoso, bajo amenaza de confiscación. Los
«decretos agrarios» de Largo Caballero, implantaron la jornada de 8 horas, que
ya tenían los obreros industriales. La Ley de Bases para la Reforma Agraria de
1932 (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca), creó el Instituto de
Reforma Agraria, que gestionaría el inventario de tierras expropiables, pero
careció de los recursos necesarios, por la falta de dinero del Estado y por el
boicot de los bancos, vinculados a los terratenientes.
La reforma agraria, que
representaba una verdadera revolución, fue rechazada por los patronos y los
partidos de derecha, resistiéndose a su aplicación, lo que significó el fracaso
de la reforma. A finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas
entre 4.339 campesinos. Otro de los motivos del fracaso, fue la oposición de
los socialistas y la CNT, al considerar que la reforma era moderada, al no
contemplar la expropiación de los latifundios y el traspaso de la propiedad a
los nuevos colonos.
Largo Caballero, como
ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que otorgaba a los
trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas y,
en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de
clase. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo
español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad,
pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos.
Se aprobó la Ley de
Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los Jurados
Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la Inspección de
Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de
Retiro Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco millones de trabajadores).
Se estableció el Seguro de Maternidad, y el Seguro de Accidentes de Trabajo. La
CNT fue crítica y continuó con la convocatoria de huelgas, al entender que las
reformas, no solo no beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente
beneficiaban a UGT.
El Gobierno reformó el
sistema educativo, adaptándolo al modelo
que la Constitución establecía, basado en la escuela única, pública,
obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La eliminación de la
religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la
enseñanza a las congregaciones religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia
y de la derecha católica. La iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a
los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.
Entre 1932 y 1933 se
levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros, con mejores
salarios. El experimento más notable, fue la creación de las misiones
pedagógicas, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que llevó «el aliento
del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la
creación de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura, que
era patrimonio de una minoría, al pueblo, y promover la alfabetización,
principalmente entre las mujeres.
La reforma del ejército
fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número de unidades militares,
modernizar la dotación de material y la mejor formación de sus mandos. Se
suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la
Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y
tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que identificaba los
delitos contra el Ejército, como delitos contra la patria, bajo la jurisdicción
militar.
El presupuesto militar
fue recortado y se redujo el número de generales y oficiales. Azaña intentó
reformar el sistema y exigir formación para los ascensos, lo que provocó la
oposición de no pocos oficiales. La prioridad dada por el gobierno a los gastos
sociales, impidió mejorar la capacidad técnica y el armamento, como estaba
previsto. Años después, determinados mandos militares sediciosos, se le
cobraron con creces.
Los republicanos de izquierda pretendían
consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por el contrario, los
socialistas, consideraban que el sistema democrático, era un paso intermedio
hacia una sociedad nueva -de igualdad, justicia y libertad-, y daban prioridad
a las reformas sociales; pero el enemigo político, mantenía sus posiciones de
poder intactas y no permitió más reformas.
El gobierno «radical-cedista»
entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido por la derecha católica
de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de las medidas anteriores. Aprobó
la «Ley para la Reforma de la Reforma Agraria»; paralizó la reforma militar,
amnistió a los golpistas de la «sanjurjada» y designó, para los puestos claves,
a Franco, Goded o Mola; se concilió con la iglesia e inició la negociación con
el Vaticano; paralizó el programa de construcciones escolares y anuló la
enseñanza mixta.
El primer gobierno de
la República, pretendió modernizar el país y promover la justicia social (El
gobierno del Frente Popular, continuo con el plan reformista). No se lo puso
fácil la CNT, la FAI y un sector del socialismo vinculado a UGT. Tampoco los
estamentos sociales corporativos afectados lo permitieron. Tanto se opusieron
que dieron un golpe de estado, que perdieron en un principio, provocando una
guerra, que ganaron, creando un estado totalitario, que mantuvieron cuarenta
años.
Algunos de los
problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los
comportamientos de la derecha siguen siendo «contrarreformita», ejerciendo el
poder para beneficio de sus propios intereses, muy alejados de los de la
mayoría trabajadora.
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