La corrupción condena al ostracismo a Rafael Blasco tanto con el PP
como con el PSPV
Joaquín Ferrandis 22 JUN 2013 -
15:04 CET18
Si algo define a Rafael Blasco (Alzira, 1945) es la pulsión por el
poder. Una obsesión que ha convertido en 40 años de carrera política,
interrumpidos únicamente por los casos de corrupción. Más de cuatro décadas en
las que ha recorrido casi todo el espectro ideológico —desde la extrema
izquierda hasta la derecha liberal— para acabar derribado por uno de los
escándalos políticos más difíciles de digerir por la opinión pública, el saqueo
de las ayudas destinadas a la cooperación.
La vida política de Blasco arranca en los años sesenta en la
clandestinidad. Bajo el influjo del marxismo-leninismo, Blasco ingresa en el
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). “Al final del
franquismo hace su primer ejercicio de pragmatismo y, tras tantear la
viabilidad de un partido republicano, ingresa en el PSOE de la mano de su
hermano Paco, que durante años será alcalde Alzira”, explica uno de sus
antiguos camaradas.
En la transición, los Blasco levantan el PSOE en la comarca de La Ribera
y, cuando en 1983 Joan Lerma se convierte en el primer presidente de la
Generalitat, Rafael es nombrado consejero de Presidencia. Son años de vino y
rosas y Blasco contrae matrimonio con Consuelo Ciscar, secretaria personal de
Lerma y hermana de Ciprià, titular de Educación.
La ambición, esa pulsión que hace que piense en política 24 horas al
día, lleva a Blasco a cuestionar el liderazgo de Lerma, que lo aparta a la
Consejería de de Obras Públicas y Urbanismo en 1985. Son años de tiranteces,
pero todo salta por los aires en 1989, cuando Blanca Blanquer, responsable de
Urbanismo, presenta una denuncia por sobornos a funcionarios a cambio de la
recalificación de terrenos.
Lerma no duda. Destituye a Blasco y lo pone en cuarentena en el
partido. La invalidación de unas grabaciones, presuntamente incriminatorias,
permite a Blasco salir absuelto, pero ya no regresará al socialismo. De esos
años, le viene al político alzireño la costumbre de usar teléfonos públicos, en
vez de particulares.
El político alzireño ha
buscado siempre estar lo más dentro posible del Gobierno
El periodo entre 1991 y 1994 se
convierte en el cuatrienio del destierro y regresa a su plaza de interventor
municipal. Aunque no se detiene. Crea el Partido Socialista Independiente
(PSI), promueve un fracasado proyecto de Convergència Valenciana y, finalmente,
se aproxima al PP a través de Eduardo Zaplana. La victoria del PP en 1995 le
abre de nuevo la puerta de Presidencia. Allí, como subsecretario de
Planificación, asume parte de la fontanería, contribuye a fagocitar Unión
Valenciana y crea redes clientelares de consumidores. En 1999, Zaplana lo
premia y lo nombra consejero de Empleo (1999-2000) y de Bienestar Social
(2000-2003). No sabe que Blasco será uno de los primeros en traicionarlo y
ponerse al servicio de Francisco Camps. El nuevo presidente lo recompensa, pese
a su pasado, y lo nombra consejero de Territorio y Vivienda (2003-2006, años de
urbanismo salvaje y de los primeros contratos con Gürtel) y de Sanidad
(2006-2007).
Camps, reelegido en 2007 ya sin lastres, decide orillar a Blasco y le
otorga una cartera menor, la de Inmigración, casi sin presupuesto. Sin embargo,
el estallido del caso Gürtel y la parálisis del Ejecutivo llevan a Camps a
pedir a Blasco en 2010 que diseñe una estrategia política frente a los
escándalos. Una oportunidad que Blasco aprovecha para ampliar sus poderes:
logra más competencias en la rebautizada Consejería de Solidaridad y el
nombramiento de portavoz parlamentario.
Con el poder renovado, Blasco intenta abarcarlo todo. Aparece en
grabaciones sobre el futuro del Valencia CF, se entrevista con promotores...
Pero mientras despliega su red, el sistema corrupto del área de Cooperación se
resquebraja. Se filtran docenas de documentos llenos de irregularidades que
acaban en el juzgado y en los periódicos. Es el principio de su segunda
debacle.
Camps gana los comicios de 2011, pero no puede mantener a Blasco en el
Consell ante las presiones de Génova y parte del PP valenciano. Pese a ello, el
jefe del Consell cambia la ley de Gobierno antes de dimitir para permitir que
su estratega, al que mantiene de portavoz parlamentario, pueda acudir a las
reuniones del Consell con voz pero sin voto.
La llegada de Fabra en julio pasado y el avance del sumario judicial no
hacen sino debilitar paulatinamente a Blasco. Primero el jefe del Consell
cierra el grifo del dinero a los proyectos diseñados por Blasco, poco después
le explican que no es bienvenido a las reuniones de Gobierno y, finalmente,
Fabra destituye a los cargos de confianza del portavoz del PP en la
Generalitat. El martes, el presidente lo apartó de la portavocía.
Puede que, en ese momento, Blasco se acordase de Camps cuando decía:
“Quedan uno o dos escaloncitos y toda esta cuestión tan estrafalaria será cosa
del pasado”.
EL PAIS