Lunes, 03 de Junio de
2013 08:18
Cándido Marquesán Milán
En la Comunidad de Madrid se sigue a rajatabla la ideología neoliberal.
Su portaestandarte Esperanza Aguirre, obsesionada morbosamente con privatizar
del sector público todo lo que se le ponga a tiro, si hay beneficios a ganar.
Su sucesor Ignacio González, su alumno aventajado. Si este tsunami privatizador
nadie lo detiene llegaremos a ver privatizados el Museo del Prado y el Palacio
Real. Y la administración de justicia. ¿Por qué no? Ya se está haciendo con
servicios básicos del Estado: sanidad, educación, dependencia o cárceles. En el
neoliberalismo todo tiene un precio,
todo es susceptible de convertirse en mercancía, al considerar que cada
intervención del Estado en un área potencialmente rentable es una limitación
ilegítima de las oportunidades para el lucro privado.
Vamos a fijarnos en el proceso actual de privatización de la sanidad
pública madrileña. Por cierto, para la presidenta de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi es su paradigma. De hecho ya lo está haciendo,
mientras los quirófanos de los hospitales públicos están cerrados por las
tardes, se donan 3 millones de euros a la clínicas privadas para operaciones
quirúrgicas menores; o en el modelo de construcción y gestión privada del
futuro hospital de Alcañiz.
Lo tienen muy claro los González y Lasquetty. En el Plan de Medidas de
Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Público de la Comunidad de Madrid.
Presupuestos 2013, se pretende privatizar (incluida la asistencia sanitaria) 6
Hospitales y 27 Centros de Asistencia Primaria, y argumentan cual si fuera un dogma “Se ha
comprobado que en este modelo futuro de concesión de la asistencia sanitaria
especializada el costo es de 441 euros
por persona frente a los 600 de los de gestión mixta (solo hay concesión de la
obra no de la asistencia sanitaria); y por supuesto es más eficiente, da buenos
resultados clínicos y alta satisfacción a los clientes”. El Plan mencionado no
indica ni dónde ni cómo se han comprobado estas afirmaciones.
Les da igual que la sanidad sea el servicio público más apreciado y
mejor valorado por los ciudadanos españoles. Diferentes organizaciones
internacionales, como la OCDE, lo consideran como de los mejores del mundo. El
diseño del Servicio Nacional de Salud en cuanto a su titularidad, financiación
pública, su unidad de régimen en las prestaciones y su carácter integral, en el
que todos los recursos operan como un dispositivo único al servicio de una
cobertura universal de la asistencia sanitaria, permiten alcanzar unos
altísimos niveles de calidad e igualdad independientemente del lugar de
residencia, además de ser un importante factor de cohesión social.
Sería lamentable que por fines exclusivamente económicos, perdiéramos
este logro colectivo, que incide sobre
la calidad de vida de las personas, precisamente ahora que más necesitan ser
atendidas. Solo de mentes aquejadas de alguna grave patología o desprovistas de
cualquier planteamiento ético, puede esperarse una destrucción premeditada de
ese patrimonio colectivo. Además si
recurrimos a nuestra Historia observamos
que se ha ido consolidando una normativa jurídica, que manifiesta un
rechazo pleno a hacer dinero con la Seguridad Social y, en particular, con la
salud.
En el artículo 4 de la
Ley de la Seguridad Social de 1994 “En
ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a
operaciones de lucro mercantil” E igualmente en la Ley 193/1963 de Bases de la
Seguridad Social en su Base 1ª. Nunca un derecho fundamental debiera servir para hacer negocio. Más,
sabemos que a estos políticos les parece
normal que la sanidad y la educación sean lucrativas y que los consumidores
decidan quiénes son sus proveedores. Son auténticos desalmados, pero
coherentes.
No les detiene nada ni
nadie. Ni la grandiosa oposición
política y sindical, ni mareas blancas, ni huelgas, ni las más de 900.000
firmas; ni tampoco el apoyo masivo de la sociedad madrileña. ¿Qué servidumbres
tienen para mantener inquebrantables sus propósitos? El botín es apetitoso: los 7.100 millones del
presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid. Lo tienen todo perfectamente
programado. Su objetivo es deteriorar, desprestigiar, y “eviscerar” la sanidad pública. Lo llevan haciendo ya
hace tiempo. Ahora con la jubilación forzosa de médicos de la sanidad pública,
muchos de ellos auténticos maestros en su disciplina.
La Comunidad se
ahorra unos 40 millones con estos
despidos, que al no ser reemplazados, deberían serlo en un 10%, se cierran camas, consultas y quirófanos, se
reducen urgencias ambulatorias, se incrementan las listas de espera, lo que
expulsa a muchos enfermos a la sanidad privada, aumentando su clientela. El
negocio para las grandes empresas privadas es grandioso, cuyos pingües
beneficios acabarán en las islas Caimán, por lo que además colocarán como consejeros
a los Güemes de turno. ¡Realmente la jugada es maestra!
Según Joan Benach el
propósito es reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la
gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias
dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un
sistema de y para los pobres. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad
mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad
social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho
universal a la sanidad y la salud. Desolador.
No obstante, parece que
algo está cambiando, ya que las empresas de Capio, Sanitas y Ribera Salud dudan
ahora en acudir al concurso para la gestión de seis hospitales. El TC ha
admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad, que podría suspender la
medida, presentado por el PSOE basado en “la vulneración de los artículos 9.3
(principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de
seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud),
149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social),
149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas)”.
EXTREMADURA PROGRESISTA
